El procedimiento establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contempla los aportes correspondientes a noviembre y los períodos siguientes. Aunque todas las entidades estarán sujetas a límites comunes sobre los activos en los que pueden invertir, habrá diferencias en los plazos, los costos y los servicios que ofrecen.
La elección no debería basarse exclusivamente en la rentabilidad esperada. Para definir qué fondo resulta más conveniente, cada empresa debe considerar cuándo podría necesitar el dinero, cuántas desvinculaciones laborales registra y qué capacidad tiene para afrontar indemnizaciones con recursos propios.
Uno de los primeros factores que conviene analizar es la rotación de personal durante los últimos dos años. Las pymes que registran una alta cantidad de desvinculaciones podrían necesitar acceder a los recursos poco después de finalizar el período de carencia. En esos casos, pueden resultar más adecuados los fondos de corto plazo, con una duración aproximada de tres a cuatro meses.
Para las empresas con una rotación moderada, un horizonte de inversión de alrededor de seis meses puede ser viable. En cambio, aquellas que registran pocas desvinculaciones podrían considerar alternativas con una duración cercana a un año.
La cantidad de empleados también influye en la planificación, ya que determina el volumen de aportes que ingresará al fondo. Una empresa con una planta más numerosa acumulará más recursos, pero también deberá proyectar cuánto podría necesitar para cubrir eventuales indemnizaciones.
Otro aspecto central es el flujo de caja. Las pymes con ingresos irregulares o dificultades para anticipar sus disponibilidades deberían priorizar alternativas de menor duración, de manera que puedan organizar sus obligaciones laborales sin comprometer su liquidez.
El aporte del 2,5% previsto para las MiPyMEs se calcula sobre la remuneración base de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por lo tanto, el monto destinado al fondo depende de la masa salarial y no directamente de la facturación de la empresa.
Una vez definido el horizonte de inversión, las empresas deben comparar las condiciones de las distintas administradoras. La normativa establece un límite del 1% anual sobre los activos administrados, incluido el IVA. Ese tope comprende los honorarios de gestión y los gastos de depositaría, auditoría, asesoramiento y distribución, aunque excluye los costos de fiscalización de la Comisión Nacional de Valores y otros gastos extraordinarios.
Dentro de ese margen pueden existir diferencias entre entidades y entre distintas clases de un mismo fondo. Por eso, antes de elegir, resulta importante conocer el costo total, los servicios incluidos y la estructura de honorarios.
La rentabilidad es otro criterio relevante, aunque no debe interpretarse como una garantía. Las proyecciones dependen de los precios considerados y de la metodología utilizada por cada administradora. Para facilitar la comparación, los fondos publicarán mensualmente una Ficha FAL con información sobre la composición de la cartera y el rendimiento histórico neto de honorarios.
Como el sistema comenzará a funcionar en noviembre, durante los primeros meses habrá pocos antecedentes para comparar resultados. Se espera que hacia el primer trimestre de 2027 exista información suficiente para empezar a evaluar las diferencias de desempeño entre las alternativas disponibles.
En cuanto a los riesgos, las inversiones estarán denominadas en pesos y tendrán plazos relativamente cortos. La evolución de las tasas de interés será uno de los factores principales: los fondos con mayor duración podrían beneficiarse de una baja de tasas, pero también sufrir pérdidas si estas aumentan.
La normativa establece, además, límites para la exposición al riesgo crediticio y cambiario. Las obligaciones negociables y los títulos provinciales deberán contar con calificación AAA de dos agencias calificadoras, mientras que la exposición al tipo de cambio estará limitada al 10%.
La disponibilidad de los recursos también debe formar parte de la decisión. El dinero del FAL podrá utilizarse para pagar indemnizaciones una vez superado el período de carencia. A partir de la recepción completa de la documentación correspondiente, la entidad administradora tendrá un plazo de cinco días hábiles para transferir los fondos al trabajador.
Para estimar cuánto podría acumular una empresa, una calculadora permite realizar proyecciones según la cantidad de empleados y el sueldo bruto promedio. Por ejemplo, una pyme con 502 trabajadores y un salario bruto promedio de $1.400.000 tendría una masa salarial mensual de $702,8 millones. Con un aporte del 2,5%, destinaría alrededor de $17,6 millones por mes al fondo.
Si se consideran 13 aportes anuales —12 mensuales más uno correspondiente al aguinaldo—, la acumulación estimada alcanzaría los $228,4 millones al cabo de un año y los $685,2 millones después de tres años, bajo el supuesto de que se mantengan las mismas condiciones salariales y de aportes.
Además de comparar costos, plazos y rendimientos, las empresas deberán evitar errores que pueden afectar la administración de estos recursos. Uno de los principales es no seleccionar una entidad. Si la empresa no presenta su identificación de fondo FAL, ARCA retendrá la contribución y, después de un mes, la Comisión Nacional de Valores asignará una administradora de oficio. Aunque el dinero no se pierde, la empresa deja de elegir dónde invertirlo y puede perder rendimientos durante el período en que permanezca inactivo.
Otro error consiste en considerar que el fondo reemplaza la responsabilidad del empleador. El cálculo de la indemnización continúa a cargo de la empresa y, si el saldo acumulado no alcanza para cubrirla, deberá aportar la diferencia con recursos propios.
También es importante contemplar el período inicial de funcionamiento. Durante los primeros seis aportes, las desvinculaciones deberán afrontarse con fondos propios, por lo que las pymes tendrán que prever cómo cubrir esas obligaciones antes de depender del saldo acumulado.
Por último, elegir únicamente en función de una promesa de rentabilidad puede generar expectativas equivocadas. Antes de tomar una decisión, conviene verificar que la entidad esté habilitada por la Comisión Nacional de Valores, revisar la composición y duración de la cartera, consultar los costos totales y evaluar la calidad del servicio.
La puesta en marcha del FAL exigirá que las pymes incorporen una nueva variable a su planificación financiera. Elegir una alternativa adecuada dependerá de equilibrar la posibilidad de obtener rendimientos con la necesidad de contar con recursos disponibles para responder a futuras obligaciones laborales.
