El proyecto fue entregado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y plantea una implementación progresiva, con prioridad para las pequeñas y medianas empresas y los sectores manufactureros más afectados por la competencia externa.
Uno de los principales cambios propuestos es reducir la alícuota máxima del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, del 35% al 25%. La iniciativa apunta a acercar la carga tributaria argentina a los niveles internacionales y generar mejores condiciones para la inversión productiva.
En materia de empleo, el planteo contempla que el 95% de las contribuciones patronales pueda utilizarse como crédito fiscal del IVA. También propone implementar mecanismos que permitan a las empresas aprovechar los saldos a favor acumulados y evitar que esos recursos queden inmovilizados.
Otro de los ejes es la eliminación gradual del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque. Como paso previo a su supresión, se busca ampliar su utilización como pago a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias.
La reforma también incluye modificaciones en los tributos provinciales. En particular, propone reducir progresivamente las alícuotas de Ingresos Brutos aplicadas a la industria, con el objetivo de alcanzar su exención. Como alternativa, contempla establecer mecanismos de compensación con el IVA.
En el ámbito municipal, la iniciativa apunta a establecer criterios para que las tasas estén relacionadas con los servicios efectivamente prestados y guarden proporción con sus costos. La intención es evitar que los gravámenes locales representen una carga adicional desvinculada de las prestaciones que reciben las empresas.
El documento incorpora, además, herramientas para estimular la inversión y mejorar el financiamiento. Entre ellas figuran la amortización acelerada de bienes de capital, la creación de una Cuenta Única Tributaria que permita compensar saldos fiscales y mecanismos destinados a brindar mayor previsibilidad y estabilidad impositiva.
La aplicación del esquema comenzaría por las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a actividades especialmente expuestas a la competencia internacional, los sectores con mayor intensidad de empleo y aquellos que hayan registrado un deterioro significativo de su producción. Posteriormente, los beneficios podrían extenderse al conjunto de la industria, a medida que se alcancen acuerdos entre los distintos niveles del Estado.
La coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios aparece como una condición central del proyecto. El objetivo es evitar que las reducciones de impuestos nacionales terminen neutralizadas por aumentos de la presión tributaria en otras jurisdicciones.
La propuesta se presenta en un contexto de dificultades para distintos segmentos de la industria manufacturera. El empleo industrial acumula 22 meses consecutivos de caída y las actividades textil y metalmecánica figuran entre las más perjudicadas. En conjunto, ambos sectores explicaron más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos desde agosto de 2023.
Las dificultades también alcanzan a otras ramas de la producción. En el sector de la indumentaria, por ejemplo, se declaró el estado de emergencia ante el deterioro de las condiciones de actividad.
Pese a ese escenario, las exportaciones industriales alcanzaron un récord durante septiembre y las proyecciones para 2026 anticipan un superávit comercial de 30.000 millones de dólares.
En cuanto a la evolución de los precios, los datos presentados por la entidad industrial muestran una diferencia entre los aumentos de los bienes manufacturados y la inflación general. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 438%, mientras que el Índice de Precios Internos al por Mayor de Manufacturados registró una suba del 156%.
El planteo tributario se suma a las medidas de alivio fiscal anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia Industrial. Si bien esas iniciativas fueron valoradas por el sector, la industria considera necesario avanzar hacia una reforma de mayor alcance que involucre a los tres niveles de gobierno y permita reducir de manera sostenida los costos de producción.