El proyecto introduce también modificaciones a la figura de “instigación pública”, agravando las penas en aquellos casos donde se incite a cometer delitos a través de redes sociales o plataformas digitales. La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados, como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, entre otros.
Un aspecto destacado del proyecto es la inclusión del artículo 150 bis en el Código Penal, que establece que se castigará con “prisión de un (1) mes a un (1) año” a quien ingrese a un establecimiento rural “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”. Además, el texto señala que “se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.
También se contemplan excepciones, aclarando que no se considerará delito aquel ingreso que responda a “una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.
En sus fundamentos, Ardohain expresó que “el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión”. Además, afirmó que “la destrucción de la infraestructura tecnológica estratégica se pretende juzgar con herramientas del siglo pasado”.
La propuesta busca “adecuar y actualizar las normas penales para dar una respuesta sistémica, eficaz y moderna a una problemática que impacta directo en el tejido social y económico del país”. Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del artículo 184 bis, que agrava las penas para quienes causen daños a bienes relacionados con la producción agropecuaria, estableciendo sanciones de dos a ocho años de prisión, así como multas entre tres y doce veces el valor del daño causado si se destruyen o dañan cereales, oleaginosas, silobolsas, cultivos, ganado, instalaciones rurales o productos durante su transporte. Además, la pena mínima se duplica si el autor es un funcionario público o ejerce habitualmente la actividad agropecuaria.
La propuesta también abarca daños a “paneles solares, bombas sumergibles, generadores o sistemas”.
