Según la resolución a la que hemos tenido acceso, la investigación se inició tras una alerta emitida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Esta agencia detectó un patrón inusual en la adquisición y transferencia de armas en el país.
El análisis se centró en usuarios que, en un breve lapso, solicitaron la tenencia de cinco o más armas tras convertirse en legítimos poseedores, frecuentemente con ingresos que no correspondían al costo del armamento adquirido.
La pesquisa, liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, reveló que gran parte de las transacciones se referían a pistolas semiautomáticas de calibres 9 mm, .40 y .380, especialmente de las marcas Bersa, Glock y Taurus.
El análisis abarcó 147 casos, con inspecciones en 38 domicilios, detectando irregularidades en 35 de ellos. La Justicia destacó el uso de usuarios interpuestos, conocidos como “testaferros”, así como de armerías, gestores administrativos y facilitadores de organismos de control, lo cual permitió que las armas oficialmente registradas no permanecieran en posesión de sus titulares ni en los domicilios declarados.
El informe oficial indica que las 742 armas registradas a nombre de los involucrados no fueron encontradas en su poder ni en los lugares establecidos para su custodia. Se estima que el número de armas extraviadas podría superar las 2 mil. Se verificó que algunas de estas armas tenían como destino países como Chile y Uruguay.
El juez federal determinó que los acusados formaron una organización estable y funcional desde, al menos, enero de 2022, con una clara división de roles que incluía la coordinación de operaciones, reclutamiento de supuestos usuarios, gestión de trámites ante la ANMAC y validación de documentos.
En particular, Ricardo Javier Mascato fue identificado como líder u organizador, encargado de coordinar la compra de armas a través de terceros y de dar instrucciones para la adquisición y entrega del armamento a personas no autorizadas.
Entre los acusados se encuentran, además de Mascato, Martín José Núñez (responsable del reclutamiento de usuarios y beneficiario de pagos por operación), Walter Claudio Nahuel Moreno (funcionario policial implicado en trámites administrativos, también procesado por incumplimiento de los deberes del funcionario público), Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras (instructor de tiro y mandatario registral) y Mirta Vanesa Lazzati (usuaria y participante en la transferencia de armas).
