El presidente Javier Milei impulsa una serie de medidas destinadas a reconfigurar la estructura de Comodoro Py, el fuero federal penal que interviene en causas de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. La cobertura de vacantes en tribunales clave y la posibilidad de modificar la integración de la Cámara Federal de Casación Penal forman parte de la estrategia oficial para avanzar sobre el funcionamiento del sistema judicial.
Durante el primer trimestre del próximo año comenzará a aplicarse en los Tribunales de Retiro el sistema procesal acusatorio, en un contexto marcado por una alta cantidad de cargos vacantes. Actualmente, el 31% de los puestos de jueces en ese fuero se encuentran sin cubrir, mientras el Gobierno también modificó los criterios para la designación de magistrados.
Las modificaciones forman parte de una serie de decisiones impulsadas desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, que tienen como uno de sus principales focos al edificio donde funciona el fuero federal penal porteño y donde se tramitan investigaciones de alto impacto político.
En el ámbito judicial describen la estrategia oficial como una política de “pragmatismo”, basada en la utilización de decretos y herramientas administrativas para introducir cambios específicos en lugar de promover una reforma integral del Poder Judicial. Entre esas medidas se encuentran modificaciones vinculadas al fuero laboral y el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los movimientos más recientes fue el envío al Senado de nuevos pliegos para cubrir cargos en la Cámara Federal de Apelaciones, con las postulaciones de Pablo Bertuzzi, actual integrante provisional del tribunal, y del juez del fuero Penal Económico Pablo Yadarola.
La decisión se produjo luego de que el Gobierno resolviera no extender el mandato del camarista Martín Irurzun, quien alcanzó el límite constitucional de 75 años para continuar en el cargo. Para permanecer en funciones, el Ejecutivo debía enviar su pliego al Senado para solicitar una nueva designación por cinco años, algo que finalmente no ocurrió.
Un criterio diferente se aplicó en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, obtuvo una prórroga para continuar en el cargo. Desde el Gobierno sostienen que esa decisión correspondió directamente al Presidente y no tuvo intervención del funcionario.
Con los nuevos nombramientos previstos, la Cámara Federal de Apelaciones quedaría integrada en parte por magistrados designados durante la actual gestión. Este tribunal tiene un rol central dentro del sistema penal, ya que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia, puede confirmar o revocar procesamientos, ordenar nuevas medidas de investigación y resolver cuestiones vinculadas a libertades y bienes cautelados.
Entre los expedientes que dependen de definiciones de esta Cámara se encuentran investigaciones de alta sensibilidad política, como la causa por la criptomoneda $LIBRA, en la que se encuentra involucrado el presidente Milei y su hermana, la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otros expedientes que alcanzan a funcionarios del Gobierno.
La estrategia oficial también alcanza a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal antes de una eventual intervención de la Corte Suprema. Actualmente, ese organismo cuenta con cuatro vacantes sobre un total de 13 cargos previstos.
El concurso para cubrir esos puestos fue realizado hace cinco años y cuenta con un orden de mérito de 15 candidatos, aunque el proceso quedó cuestionado por distintas impugnaciones y un pedido de revisión externa que podría afectar su continuidad.
En paralelo, el Ministerio de Justicia analiza una posible reducción en la cantidad de integrantes de la Casación Federal. La iniciativa permitiría modificar la estructura del tribunal y evitar la necesidad de cubrir algunas de las vacantes existentes.
Además, el Gobierno envió al Senado 26 nuevos pliegos para ocupar cargos en los tribunales orales de Comodoro Py. Esos nombramientos buscan avanzar sobre uno de los principales problemas del fuero: la falta de jueces, con casi un tercio de los cargos vacantes y varios puestos sin cubrir desde hace más de cinco años.
El proceso de cambios en la Justicia federal abre una nueva etapa en la relación entre el Poder Ejecutivo y Comodoro Py, un ámbito clave para la definición de causas que involucran tanto a la actual administración como a gobiernos anteriores.
