El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) recibió el primer informe trimestral sobre el comportamiento de Cristina Kirchner durante su arresto domiciliario. El documento, elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, concluyó que la expresidenta cumplió con las condiciones impuestas. En consecuencia, el juez Jorge Gorini prorrogó por tres meses más las reglas de conducta que rigen en su detención.
Fuentes judiciales confirmaron que el resultado fue “positivo” y no se registraron incumplimientos. La exmandataria cumple la condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia.
El informe judicial detalla que la Sra. Kirchner respetó la obligación de permanecer en su domicilio, ubicado en San José 1.111, y no adoptó conductas que alteren la convivencia del vecindario. Este punto había generado controversia al inicio de su detención, cuando los vecinos protestaron por los acampes y marchas en la zona.
Asimismo, se informó que no hubo irregularidades respecto de las visitas recibidas. El régimen establece que solo pueden ingresar libremente familiares, abogados y médicos autorizados por la Justicia, mientras que cualquier otro visitante requiere autorización previa.
En los últimos meses, la expresidenta recibió a dirigentes de su espacio político, como Mariano Recalde, Itai Hagman y Jorge Taiana. También fue visitada por líderes internacionales, entre ellos el expresidente de Colombia Ernesto Samper y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La Justicia no observó incumplimientos en estas reuniones, aunque desde Comodoro Py remarcaron que el control estricto de visitas busca evitar que se desnaturalice el carácter de la prisión domiciliaria, otorgada tras su condena por corrupción.
La Sra. Kirchner había planteado públicamente que su “vida social” no debía quedar limitada a la autorización judicial. Sin embargo, la Cámara de Casación ratificó que flexibilizar en exceso esas condiciones afectaría la eficacia de la condena.
Los jueces Barroetaveña y Hornos sostuvieron que las restricciones también responden a la seguridad personal de la exmandataria, quien argumentó presuntos riesgos a su integridad física para obtener el beneficio del arresto domiciliario.
En ese sentido, los magistrados remarcaron que toda condena por delitos de corrupción debe enviar un mensaje normativo claro, en resguardo de la integridad institucional del Estado.
