La resolución se conoció casi nueve años después de aquella declaración, que tuvo un papel relevante en la investigación por la desaparición de Maldonado y que luego fue cuestionada ante la Justicia.
Santana había relatado que observó la escena utilizando binoculares y que Maldonado llevaba una campera celeste que él mismo le había prestado la noche anterior. Según su versión de los hechos, los efectivos habían golpeado al activista antes de introducirlo en un vehículo.
En ese momento, Santana integraba la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Tiempo después pasó a formar parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu, vinculada con distintos conflictos territoriales ocurridos en Villa Mascardi.
Su posterior trayectoria judicial incluyó varias causas. A comienzos de 2018 fue procesado por la usurpación de dos terrenos pertenecientes a Parques Nacionales y por la ocupación de otras dos propiedades privadas.
También recibió una condena por daños provocados en un edificio judicial de Bariloche y por agredir a siete integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el primer proceso de extradición de Facundo Jones Huala.
La Justicia Federal también le atribuyó participación en el incendio de una casilla de Gendarmería Nacional ocurrido en Villa Mascardi en 2020. Ese expediente derivó en una orden de captura en su contra.
En octubre de 2022, durante el operativo de desalojo de terrenos ocupados en Villa Mascardi, Santana escapó junto con otros hombres de la comunidad. En el lugar permanecieron siete mujeres, entre ellas Betiana Colhuan, referente espiritual de la comunidad, quienes fueron detenidas.
Después del operativo, Santana se presentó en el lugar donde se encontraban detenidas las mujeres. Al enterarse de que existía una orden de captura en su contra, volvió a escapar y permaneció en la clandestinidad durante aproximadamente un año y medio.
La investigación sobre los hechos ocurridos en Villa Mascardi incorporó además documentación personal de Santana que fue encontrada por las fuerzas federales dentro de la vivienda principal de la comunidad durante el operativo de desalojo. Ese material fue considerado relevante para la causa.
El nuevo procesamiento por falso testimonio se relaciona específicamente con su declaración sobre el caso Maldonado. Las acusaciones sostienen que aquel relato pudo haber afectado el desarrollo del operativo de búsqueda y orientado las sospechas hacia los integrantes de Gendarmería Nacional que participaron del procedimiento.
