‘Es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas’, sostiene la propuesta en sus fundamentos. Curiosamente, el texto incluye términos poco comunes en el discurso libertario, como ‘transparencia’, ‘control público’, ‘previsibilidad’ y ‘publicidad’, que suelen estar más ligados a sus aliados de Pro y la UCR.
Desde el oficialismo, afirman que esta propuesta se inspira en el modelo de regulación actual en Estados Unidos. ‘La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado’, señala el texto enviado al Congreso.
La iniciativa contempla la creación de dos herramientas esenciales. En primer lugar, un Registro Público de Gestores de Intereses que exigirá la inscripción obligatoria de todas las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer esta actividad. En segundo lugar, un Registro Público de Gestión de Intereses, en el cual los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con lobistas, especificando fecha, participantes, organismo involucrado y el tema discutido.
El concepto de ‘gestión de intereses’ es amplio e incluye cualquier actividad destinada a influir en decisiones públicas, que abarca desde leyes hasta regulaciones, contrataciones, subsidios, beneficios fiscales, licencias, concesiones o nombramientos. También se aplicará a quienes actúan en representación de terceros, tanto de manera gratuita como remunerada.
El régimen obligará a los gestores a declarar quiénes son sus clientes o beneficiarios finales, los temas en que buscan incidir y si representan intereses extranjeros. Además, estarán obligados a presentar informes trimestrales con detalles de todas las gestiones realizadas.
La propuesta también establece incompatibilidades, prohibiendo a los funcionarios públicos actuar como gestores de intereses mientras estén en su cargo y por un período de dos años tras dejar la función pública. Esta restricción se ampliará a empresas bajo su control.
Uno de los aspectos más delicados del proyecto se refiere a la gestión de intereses extranjeros. La propuesta exige que se declare explícitamente cuando la actividad se lleva a cabo en representación de gobiernos, empresas, partidos políticos o individuos del exterior. En tales casos, la autoridad competente podrá requerir documentación adicional y reportes especiales relacionados con defensa, seguridad y relaciones exteriores.
Asimismo, el texto prevé sanciones, tanto administrativas como penales. Las multas pueden oscilar entre cinco y 500 salarios mínimos, y hasta 2000 salarios mínimos en situaciones de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencias. También se consideran penas de prisión, que van de seis meses a tres años, para quienes efectúen gestiones sin estar inscritos o encubran beneficiarios reales, especialmente en áreas sensibles como defensa, recursos naturales o infraestructura crítica.
La propuesta ha generado críticas desde la oposición. El diputado Esteban Paulón (Socialismo) manifestó en la red social X que el Gobierno promueve la regulación ‘tarde’, tras la aprobación de proyectos que, según él, reflejaron la influencia de sectores empresariales y corporativos. También vinculó la iniciativa con el llamado ‘Super RIGI’, que definió como un proyecto alineado con intereses privados extranjeros.
El proyecto cuenta con la firma del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros Diego Santilli (Interior) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
