El anuncio de estos múltiples nombramientos se hizo público hoy, pero ha pasado desapercibido que el Ejecutivo ha decidido no designar a María Verónica Michelli, quien fue aprobada como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.
Este tema generó controversia semanas atrás. Aunque el Presidente había enviado su pliego al Senado y se esperaba su votación, finalmente optó por no firmar su nombramiento, lo cual actúa como un veto tácito. La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comentó que la exclusión de Michelli se relacionó con su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta decisión provocó reacciones tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, interpretándose como un mensaje político desde la Casa Rosada.
A medida que pasaron los días, el oficialismo ofreció una justificación diferente para el veto a Michelli. En diálogo con medios de comunicación, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, indicó: “El cargo de la doctora Michelli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que aún debe ser creado por la corte. El Consejo de la Magistratura necesita iniciar un proceso para buscar un edificio, acondicionarlo y equiparlo. Es un proceso largo; hay múltiples tribunales y juzgados sin habilitar desde hace tiempo”.
Desde el entorno de Mahiques sostienen que la decisión de no nombrar a Michelli como jueza se aplica también a otros tres casos: Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del mismo tribunal; y Ana María Cristina Juan, Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
En ese sentido, se reafirmó que no hay discrecionalidad en la decisión de los nombramientos que no fueron oficializados, los cuales corresponden a tribunales que deben estar habilitados; uno de los ejemplos mencionados fue el de Ana Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien supervisa un caso que involucra a los hermanos Milei.
La prueba clave para evaluar la validez del argumento será cuando se constituyan los tribunales utilizando los procedimientos correspondientes. Inicialmente, Milei no puso objeciones a los otros tres jueces designados, pero sí a Michelli. Además, no hay normativa que indique que un nombramiento no puede concretarse hasta la creación formal del juzgado correspondiente. Mahiques explicó que “cuando se considere el momento adecuado para asegurar el servicio de justicia, se firmará el decreto de nombramiento. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”.
Desde el Ministerio de Justicia argumentaron que “hay muchos decretos que están sin firmar desde hace años”. Citando varios casos concretos, mencionaron la situación de Martín Miguel Innocente, aprobado como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Roque Sáenz Peña (Chaco) en octubre de 2020, cuya designación sigue pendiente. Lo mismo ocurre con Zunilda Niremperger, Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Resistencia (Chaco), y con Luis Francisco Valencia, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal (Salta).
Mientras tanto, el presidente Javier Milei envió al Senado 21 nuevos pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en distintos juzgados federales del país, en un intento por acelerar la política judicial del Gobierno antes de que se modifique la actual composición de fuerzas en la Cámara alta. Con esta nueva remisión, el Ministerio de Justicia ya acumula 170 pliegos desde el inicio del actual mandato.
Esta decisión se produjo el mismo día en que se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Antes de su viaje a España por tres días para asistir a una conferencia, Milei firmó los decretos de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados. El nuevo grupo de pliegos no incluye cargos relacionados a Comodoro Py, aunque desde el Gobierno se asegura que podría haber novedades en las próximas semanas. Este movimiento coincide con el avance del Consejo de la Magistratura sobre algunos concursos críticos del Poder Judicial.
