A 150 días de la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral, el Poder Ejecutivo nacional ha difundido los primeros informes consolidados sobre el mercado de trabajo. Mientras los Ministerios de Economía y de Capital Humano destacan una desaceleración en la pérdida de empleo en el sector manufacturero, el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) advierte que los incentivos de la normativa aún no logran traducir la flexibilización administrativa en nuevos puestos de trabajo masivos.
El reporte técnico, que toma como referencia el primer semestre de 2026, señala un cambio en la tendencia macroeconómica: la destrucción de empleos en la industria pesada y de manufacturas ha comenzado a moderarse tras un 2025 de alta volatilidad. Según los datos oficiales, se observa un crecimiento marginal en la incorporación de talento en los rubros vinculados a la economía del conocimiento, el desarrollo de software y los servicios exportables. Esta dinámica, según la visión oficial, sería el primer síntoma de que el nuevo marco regulatorio está comenzando a generar previsibilidad para los empleadores, facilitando la contratación en sectores con mayor valor agregado.
Sin embargo, el clima en el segmento PyME, motor fundamental de la demanda laboral argentina, se muestra cauteloso. A pesar de la implementación del nuevo Fondo de Cese Laboral —herramienta diseñada para reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un esquema de capitalización—, los empresarios denuncian que la normativa es insuficiente para compensar la caída persistente del consumo interno.
Los referentes de las cámaras empresarias explicaron que “el costo laboral no es la única variable que define una contratación”. Para los empleadores, la rigidez administrativa que la ley buscó subsanar no es el principal obstáculo en este momento, sino la falta de flujo de caja y la contracción de la demanda de bienes y servicios. En este sentido, la Ley de Modernización es percibida como una herramienta necesaria para el mediano plazo, pero que requiere, ineludiblemente, de una reactivación del mercado interno para ser efectiva en la creación de empleo genuino.
El Gobierno, por su parte, mantiene su postura de esperar los tiempos de maduración de la reforma. Desde la Jefatura de Gabinete sostienen que los efectos positivos de la desregulación suelen ser graduales y que, en un contexto de estabilización de variables macroeconómicas, la caída en el empleo industrial representa, en sí misma, una victoria contra la inercia negativa. El debate continúa abierto, mientras sindicatos y gremios se mantienen expectantes ante la evolución de estos números, advirtiendo que, más allá de la flexibilidad administrativa, la estabilidad de los puestos de trabajo dependerá de la recuperación del poder adquisitivo y de la salud de las cadenas de valor locales en los meses venideros.
