Según la información disponible, el perfil profesional del funcionario señala una trayectoria de más de once años en una firma dedicada a brindar servicios vinculados con seguridad, ambiente, calidad y cumplimiento normativo para empresas mineras. En paralelo, la página oficial de la Provincia lo identifica como responsable de supervisar condiciones de higiene, seguridad y cumplimiento de las regulaciones en proyectos del sector.
La consultora pertenece a un familiar directo de la ministra de Minería, Olga Teresita Regalado, quien designó a Morcos luego de asumir al frente del área en enero de 2026.
Morcos es licenciado en Higiene y Seguridad y anteriormente se desempeñó como sumariante en el Poder Judicial. Hasta el momento, no se difundió información pública sobre antecedentes previos como fiscalizador dentro del área minera estatal.
La aparición de un vínculo laboral en un perfil profesional no implica necesariamente que el funcionario continúe percibiendo ingresos, prestando servicios o participando actualmente de actividades dentro de la consultora. También existe la posibilidad de que esa información no haya sido actualizada. Además, no se difundieron pruebas públicas que indiquen que la empresa haya recibido beneficios derivados de decisiones tomadas por Morcos desde su función estatal.
Sin embargo, la situación generó cuestionamientos vinculados a un posible conflicto de intereses, debido a que el funcionario está a cargo del área que controla condiciones laborales y ambientales de empresas que podrían requerir servicios dentro del mismo ámbito de actividad en el que tuvo antecedentes profesionales.
El tema tomó mayor relevancia luego de un episodio ocurrido en la Puna catamarqueña, donde catorce trabajadores quedaron aislados durante un temporal de nieve y viento blanco. Cuatro de ellos permanecieron tres noches bajo temperaturas extremas antes de ser rescatados.
El caso puso bajo análisis el funcionamiento de los controles vinculados a la seguridad en proyectos mineros. La Provincia anunció una investigación sobre lo ocurrido, aunque hasta el momento no se informaron públicamente conclusiones ni sanciones relacionadas con el episodio.
Desde el 27 de enero se encuentra vigente la Resolución 16/2026, que actualiza el Protocolo de Comunicación y Prevención en Proyectos Mineros. La normativa establece pautas relacionadas con la planificación de traslados, monitoreo meteorológico, equipamiento para condiciones adversas, protocolos de evacuación y restricciones de circulación durante determinados períodos.
La Policía Minera es el organismo encargado de aplicar, controlar y sancionar el cumplimiento de esas disposiciones. En ese contexto, se analiza si las medidas preventivas fueron aplicadas de manera adecuada frente al temporal que afectó a los trabajadores.
El Código de Procedimientos Mineros, a través de la Ley 5.682, establece las funciones de la Policía Minera como autoridad de aplicación y asigna responsabilidades de control sobre los proyectos del sector. Se trata de un área con intervención directa en la fiscalización de una actividad estratégica para la provincia.
Ante este escenario, desde distintos sectores plantearon la necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial informe si Morcos finalizó su vínculo laboral con la consultora antes de asumir el cargo, cuándo ocurrió esa desvinculación, si presentó una declaración jurada de intereses y cómo se procede cuando una inspección involucra a empresas relacionadas con su trayectoria profesional previa.
También se planteó que la ministra Olga Teresita Regalado debería precisar si familiares directos o empresas vinculadas a ellos mantuvieron contratos con organismos bajo su área de conducción.
La situación podría aclararse mediante documentación laboral, declaraciones juradas y registros administrativos. Mientras no exista una explicación oficial, continuarán los cuestionamientos sobre la relación entre el responsable de la fiscalización minera y una firma privada vinculada al entorno familiar de la autoridad que lo designó.
