La medida había sido dispuesta por el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, y estaba prevista originalmente para el jueves. Sin embargo, fue adelantada a las primeras horas de ayer.
Del operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía de Neuquén, Gendarmería Nacional, bomberos, oficiales de justicia y personal médico. Tras cortar las cadenas ubicadas en el acceso, las fuerzas ingresaron al predio bajo las instrucciones del comisario inspector Miguel Ángel Poblete.
En el sector correspondiente a la Lof Quintriqueo, la orden alcanzó a tres viviendas. La lonko Amancay Quintriqueo dejó su casa junto con su tía sin que se registraran incidentes. El ocupante de una segunda vivienda no se encontraba en el lugar debido a que había viajado a Bariloche por una situación de salud familiar.
En la tercera vivienda había una pareja. La mujer, que presentaba problemas de presión y diabetes, fue trasladada en ambulancia para recibir una evaluación médica.
Las familias desalojadas pudieron retirar documentación, medicamentos, dinero y mascotas. Como destino transitorio, optaron por trasladarse a la vivienda de un familiar ubicada en el barrio Las Flores de Villa La Angostura.
La situación fue diferente en el sector de la Lof Melo, en El Pedregoso. Allí el desalojo no pudo completarse debido a la presencia de numerosos integrantes de la comunidad y personas que acudieron en su apoyo. También había niños en el lugar y no se encontraban presentes organismos estatales de protección de menores.
Ante ese escenario, los efectivos del GEOP se retiraron alrededor de las 14. El procedimiento terminó de manera parcial y permitió recuperar la franja costera del lago Nahuel Huapi que no contaba con viviendas.
Desde la comunidad señalaron que mantienen la resistencia y que la ejecución de la orden podría continuar durante la jornada de hoy. En las últimas horas, integrantes de comunidades de la región y vecinos permanecían en El Pedregoso en estado de alerta ante la posibilidad de una nueva intervención de las fuerzas de seguridad.
El conflicto por las 624 hectáreas del Lote Pastoril 42 se inició a fines de 2011, cuando la titular registral del inmueble recurrió a la Justicia para denunciar el ingreso de integrantes de la comunidad y las dificultades para acceder al terreno. La propiedad figura registrada a nombre de una familia de origen belga desde 1969.
La comunidad, por su parte, sostiene que existe una ocupación ancestral del territorio y que esas tierras fueron utilizadas históricamente como espacio de invernada para sus animales, antes de la instalación de alambrados durante la década de 1970.
El conflicto atravesó distintas instancias judiciales en Neuquén. En 2016, el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes, Andrés Luchino, dictó una sentencia de desalojo. En agosto de 2022, el juez Bonorino ordenó avanzar con su ejecución.
En julio de 2023, la Cámara de Apelaciones rechazó los recursos presentados por la comunidad y confirmó la restitución del lote. Posteriormente, en febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la comunidad, lo que dejó habilitada la ejecución de la sentencia.
Actualmente, la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde permanece pendiente de resolución un recurso de queja presentado por la comunidad.
La Lof Quintriqueo obtuvo en 2023 el reconocimiento de su territorio como Tradicional y Ancestral mediante una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Ese reconocimiento se produjo después de que se dictara la orden de desalojo.
En paralelo, la comunidad inició una acción declarativa de certeza contra los titulares registrales del inmueble y solicitó una medida cautelar para suspender el desalojo hasta que se resuelva la cuestión territorial de fondo. Hasta el momento, el juez Bonorino no hizo lugar a esa medida.
Desde la comunidad sostienen que el desalojo se está ejecutando antes de que se determine judicialmente la cuestión vinculada con los derechos territoriales en disputa.
Tras el operativo, la Confederación Mapuche de Neuquén calificó el procedimiento como un “violento despojo” y cuestionó la actuación del Gobierno provincial. La organización sostuvo que un ministro provincial mantenía conversaciones con referentes de las comunidades mientras se desarrollaba el despliegue policial.
Desde el Gobierno provincial y el Poder Judicial de Neuquén, en cambio, negaron que se hubiera utilizado violencia física y señalaron que se trató de un procedimiento ordenado y pacífico destinado a cumplir una resolución judicial.
