“Vamos a tratar de que se consigan los dictámenes que necesitamos esta semana”, afirmó un integrante de la Mesa Política del oficialismo. La intención es avanzar con los proyectos pendientes antes de que las ausencias de legisladores y los compromisos institucionales reduzcan el margen para negociar.
Desde el oficialismo confirmaron que la próxima semana diputados y senadores viajarán a Estados Unidos para asistir al conteo de las elecciones legislativas de ese país. Aunque reconocieron que la ausencia de algunos legisladores podría afectar la actividad, aclararon que eso no implicará la paralización de todas las iniciativas. Por el momento, tampoco está definido si viajarán funcionarios del Poder Ejecutivo.
A ese escenario se suma la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días, el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una agenda que incluirá encuentros institucionales y celebraciones religiosas. Legisladores oficialistas y opositores coinciden en que la visita reducirá significativamente la actividad política y parlamentaria.
En este contexto, el Gobierno tiene dos objetivos centrales para el cierre del año legislativo: aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con una Reforma Política que podría incluir la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Mientras tanto, Patricia Bullrich enfrenta dificultades para reactivar el Senado, que lleva un mes sin sesionar. La semana pasada, La Libertad Avanza consiguió dictamen para modificar la Ley de Salud Mental con el respaldo de Convicción Federal. La iniciativa también cuenta con el apoyo de sectores del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y Carlos Espínola, aunque las adhesiones todavía no están garantizadas.
Entre los cambios propuestos se encuentra la obligación de comunicar las internaciones a la Justicia, en lugar de requerir una autorización judicial previa, y la incorporación de la ludopatía dentro de las adicciones contempladas por la normativa. Los aliados del oficialismo, sin embargo, reclaman precisiones sobre el financiamiento de las medidas.
Bullrich también busca convocar a una sesión este jueves con un temario que incluye el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo, y el marco regulatorio del mercado de carbono. La agenda se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el miércoles a las 14.
Ese mismo día, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya cuenta con aprobación del Senado, será tratada en comisiones. El objetivo es que la Cámara alta acepte las modificaciones introducidas durante el trámite legislativo y permita cerrar el proceso.
En Diputados, otra de las iniciativas que concentra las negociaciones es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. El proyecto volverá al plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Aunque el oficialismo había anticipado que buscaría emitir dictamen, todavía existen dudas sobre la cantidad de firmas que podrá reunir y la reunión prevista será de carácter informativo.
Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, el Gobierno recibió aportes del PRO, el MID y sectores del peronismo. En las últimas semanas, el oficialismo introdujo modificaciones para conseguir respaldos, entre ellas una limitación de las sanciones a proveedores y accionistas de empresas que operan en las islas y una reducción de la pena mínima para proveedores, que pasó de cinco a dos años.
También se modificó el artículo 111, que originalmente contemplaba penas de entre cinco y 12 años por campañas coordinadas de desinformación. La nueva redacción incorpora la figura de “injerencia extranjera” y excluye explícitamente al periodismo.
Las negociaciones continúan abiertas. Los diputados del MID reclaman que el Congreso tenga intervención en la autorización de acciones militares. La nueva versión contempla una comisión bicameral integrada por cuatro diputados y cuatro senadores para supervisar al Consejo de Seguridad, aunque persisten diferencias sobre su alcance. Además, se prevé aclarar que, ante un riesgo de guerra, se aplicará la disposición constitucional que atribuye al Congreso esa facultad.
Por su parte, Unión por la Patria y Provincias Unidas proponen dividir el proyecto para separar las disposiciones vinculadas con Malvinas de los cambios en materia de inteligencia y seguridad.
Otra discusión pendiente es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Diputados aprobó el proyecto el 26 de agosto, pero el Senado lo modificó y lo votó por 46 a 22. La nueva versión establece que la designación y remoción de directores requiera mayoría absoluta y sea competencia exclusiva de la Cámara alta.
Ante la dificultad de insistir con el texto original, el oficialismo evalúa una alternativa: aceptar el requisito de mayoría absoluta, pero incorporar a Diputados en el proceso de designación y remoción. Sin embargo, esa opción podría enfrentar cuestionamientos constitucionales.
En paralelo, el debate del Presupuesto 2027 entra en su etapa final de consultas. Este martes expondrán los secretarios Alejandro Cacace, de Desregulación, y Maximiliano Fariña, de Transformación del Estado. El oficialismo pretende emitir dictamen el miércoles y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, aunque algunas estimaciones contemplan que la votación pueda demorarse hasta mediados de ese mes.
Con varias iniciativas todavía sujetas a negociaciones, el Gobierno busca aprovechar los próximos días para reunir apoyos y asegurar avances antes de que las ausencias y la agenda institucional reduzcan el ritmo de trabajo parlamentario.
