El caso se inició cuando un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP presentó un hábeas data contra Facebook Argentina. El joven denunció que desde dos cuentas vinculadas a una denominada “Comisión de Género de la FaHCE” se había difundido una acusación relacionada con una relación sentimental, acompañada por una fotografía suya publicada sin autorización.
En esas publicaciones se lo identificaba mediante sus iniciales y como estudiante de Historia, mientras se lo calificaba como “abusador” y se lo acusaba de ejercer manipulación psicológica y conductas machistas. El contenido incluía además una descripción extensa de presuntas situaciones de violencia, manipulación y abuso sexual.
En primera instancia, la Justicia había ordenado retirar las publicaciones y proporcionar información que permitiera determinar quiénes estaban detrás de las cuentas. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara Federal de La Plata, que consideró que el contenido se encontraba relacionado con una cuestión de interés público: la violencia de género.
La Cámara había entendido que, debido al contexto de activismo universitario y feminista en el que se realizó la publicación, el contenido estaba amparado por la libertad de expresión. Para ese tribunal, las expresiones utilizadas formaban parte de una denuncia política y no constituían solamente una descalificación personal.
La Corte Suprema adoptó otro criterio al revisar el caso. Los jueces señalaron que la violencia de género constituye efectivamente una cuestión de interés público, pero aclararon que esa condición no implica que cualquier forma de difusión quede automáticamente protegida.
En ese sentido, el máximo tribunal sostuvo que las políticas destinadas a prevenir la violencia de género deben convivir con otros derechos constitucionales, entre ellos la intimidad, el honor y el debido proceso.
Para la Corte, el contenido analizado excedió los límites de una denuncia política. Los magistrados consideraron que, por sus características, se trató de un “escrache público virtual”, debido a que la publicación no estaba firmada, identificaba al acusado y mostraba su fotografía.
Otro elemento considerado por el tribunal fue la naturaleza de las cuentas desde las que se difundió el contenido. Según la documentación incorporada al expediente, la denominada Comisión de Géneros de la Facultad no constituía un organismo institucional de la Universidad Nacional de La Plata ni contaba con autorización oficial para desarrollar sus actividades. Para la Corte, el hecho de que los perfiles aparentaran pertenecer a una estructura universitaria no permitía corregir esas deficiencias.
El anonimato también ocupó un lugar central en la decisión. Los jueces reconocieron que preservar la identidad de quien denuncia puede ser una herramienta relevante frente a situaciones de violencia de género. Sin embargo, señalaron que esa protección no puede transformarse en un mecanismo que impida indefinidamente que la persona acusada pueda ejercer su derecho de defensa.
La Corte sostuvo que el anonimato puede resultar útil en una primera instancia para formular una denuncia, pero que no debe convertirse en un impedimento para que el señalado pueda defenderse, especialmente cuando la acusación queda limitada a una publicación en redes sociales y no deriva en un procedimiento formal que permita investigar los hechos.
El tribunal también puso el foco en el alcance de las plataformas digitales. La posibilidad de difusión masiva y el anonimato, según señalaron los jueces, pueden incrementar considerablemente el impacto de una acusación sobre la persona señalada.
Otro punto analizado fue la condición del estudiante como supuesto “militante social”. La Corte descartó que esa circunstancia, por sí sola, permita considerarlo una figura pública y, por lo tanto, reducir el nivel de protección de sus derechos personales.
Los jueces remarcaron que no se había acreditado que el demandante hubiera ocupado un cargo relevante dentro de una organización social o política ni que hubiera tenido un nivel de exposición pública suficiente para ser considerado una figura pública.
A partir de estos argumentos, la Corte anuló la decisión de la Cámara Federal de La Plata y hizo lugar al planteo del estudiante. Como parte de la resolución, ordenó que Facebook Argentina retire, dentro del plazo que establezca el juez de primera instancia, las publicaciones denunciadas que continúen disponibles tanto en Facebook como en Instagram.
Además, dispuso que la empresa entregue la información disponible que permita identificar a los titulares de las cuentas involucradas y cualquier otro dato que pueda contribuir a determinar quiénes fueron los responsables de las publicaciones, incluyendo la información que había sido solicitada originalmente por el demandante.
