La pesca comenzó a ganar protagonismo en Malvinas en 1986, cuatro años después de la guerra entre Argentina y el Reino Unido. Hasta ese momento, la economía local estaba principalmente vinculada con la ganadería ovina y la exportación de lana. El desarrollo de la actividad pesquera modificó esa estructura y permitió un fuerte incremento de los ingresos.
Actualmente, el sector representa alrededor del 60% del producto interno bruto del archipiélago y constituye una de las principales fuentes de recursos públicos. Su actividad también tiene impacto sobre el transporte, la logística, los servicios portuarios y la hotelería.
Ante la falta de una tradición pesquera propia, las empresas radicadas en las islas recurrieron a asociaciones internacionales. En ese proceso, las compañías españolas adquirieron un papel central, particularmente en la pesca del calamar, mediante acuerdos que combinaron derechos de pesca y conocimiento local con capital y experiencia empresarial.
La relación tiene un fuerte componente con Galicia. Allí se construyeron numerosos barcos vinculados con la actividad y empresas españolas participan de la gestión. Vigo, además, funciona como uno de los principales puntos de ingreso del calamar capturado en las islas, que luego es distribuido hacia otros mercados europeos, entre ellos Italia, Grecia y Croacia.
Desde el Gobierno de Malvinas señalaron que esta relación se desarrolló durante décadas y generó vínculos estrechos entre las empresas españolas y el archipiélago.
Ese esquema enfrenta ahora un escenario político más complejo. Argentina reforzó en las últimas semanas sus acciones vinculadas con el reclamo de soberanía sobre las islas y adoptó medidas contra empresas relacionadas con la explotación de recursos. Aunque las principales actuaciones estuvieron dirigidas al sector petrolero, el presidente Javier Milei presentó el 17 de septiembre un proyecto de ley para ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y eventuales revocaciones de permisos en territorio argentino. La posibilidad de que estas medidas compliquen las operaciones genera preocupación entre los actores vinculados con la pesca, aunque por el momento no existen señales de que las empresas españolas hayan decidido abandonar sus actividades en las islas.
Desde el sector pesquero se señaló que las compañías ya llevan al menos dos décadas adaptándose a las restricciones impuestas por Argentina. También se planteó que, ante un eventual escenario en el que una empresa debiera optar entre operar en Argentina o en Malvinas, la decisión dependería de las circunstancias particulares y de los acuerdos comerciales de cada compañía.
A las tensiones políticas se suma un problema de carácter productivo. La segunda temporada anual de captura de calamar, que se desarrolla entre fines de julio y comienzos de octubre, registró resultados irregulares durante los últimos cuatro años. La temporada más reciente finalizó después de apenas 17 días de actividad, frente a un máximo habitual de 64 jornadas.
Las capturas también se redujeron de manera significativa. Este año alcanzaron unas 5.000 toneladas, muy por debajo del promedio de 28.000 toneladas registrado en temporadas anteriores. Desde el sector pesquero señalaron que la disminución tiene un impacto especialmente importante sobre las empresas españolas vinculadas con la actividad.
Las causas de la caída todavía son analizadas. Entre las hipótesis se encuentran modificaciones en las condiciones ambientales, una mayor presencia de merluza, que se alimenta de calamar, y el aumento de la capacidad y eficiencia de las flotas pesqueras.
La menor disponibilidad de calamar también puede repercutir sobre las cuentas públicas de Malvinas, debido a la elevada dependencia de la economía respecto de esta actividad. En ese contexto, comenzó a cobrar mayor relevancia el debate sobre la diversificación productiva, incluida la posibilidad de desarrollar la salmonicultura a gran escala.
Al mismo tiempo, las expectativas vinculadas con la explotación petrolera aumentaron, aunque todavía no existen ingresos provenientes de esa actividad. Desde la Cámara de Comercio local advirtieron que una caída prolongada de los recursos pesqueros podría afectar el financiamiento de servicios públicos, entre ellos la salud y la educación universitaria en el Reino Unido, que actualmente reciben aportes provenientes del sector.
El eventual desarrollo petrolero también podría generar nuevas presiones sobre la pesca. En una economía con una población de apenas 3.600 habitantes, ambas actividades podrían competir por trabajadores, maquinaria y servicios. También persiste la preocupación por los posibles efectos ambientales.
A este panorama se agrega el impacto del Brexit, que encareció el acceso al mercado europeo para las capturas provenientes de barcos con bandera de las islas, que quedaron alcanzadas por aranceles. Pese a ello, el sector pesquero continúa siendo considerado viable.
Después de cuatro décadas de expansión, la industria pesquera de Malvinas enfrenta así una combinación de desafíos vinculados con la disponibilidad del recurso, las condiciones del mercado europeo, el futuro de la actividad petrolera y las tensiones entre Argentina y el Reino Unido. Desde el gobierno local sostienen que el sector ya atravesó transformaciones importantes y confían en su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones.
