Los conflictos entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y su Gobierno sólo se encrudecen con el paso del tiempo, y la llegada del 2025 parece estar marcada por un fuerte conflicto con la diputada Lilia Lemoine. Luego de las críticas que lanzó la legisladora, la fundación En cumplimiento del deber la denunció y pidió que le coloquen un bozal legal.
Todo se terminó de desencadenar con las fuertes presiones que la presidenta del Senado recibió para congelar las dietas de los senadores, lo cual logró hasta marzo de este año a través de un decreto. No obstante, los dardos contra ella continuaron y se defendió diciendo que ganaba tan sólo “dos chirolas”, lo que despertó la furia de los allegados a Javier Milei.
Lemoine, muy cercana a ambos hermanos Milei, atacó a la vicepresidenta no sólo a través de sus redes sociales, sino también en entrevistas. La calificó de “sanguijuela”, “garrapata”, dijo que sus votantes no existen y que le “chupa la popularidad” al presidente, al tiempo en que pidió que renuncie a su cargo.
La denuncia contra Lilia Lemoine
La denuncia penal contra la diputada libertaria fue impulsada por la ONG En cumplimiento del deber, dedicada al asesoramiento de las fuerzas de seguridad. Es presidida por el abogado Claudio Venchiarutti, quien además fue precandidato a diputado provincial por el partido Nueva Unión Celeste en 2023.
“El problema acá es el daño institucional que genera, tanto atacando a la investidura vicepresidencial, como a ciudadanos que se expresan libremente en las redes, donde expresa insultos que afectan la ética y la honestidad de cualquier servidor público”.
La denuncia fue elaborada debido a que las expresiones de Lemoine parecen afectar “el honor de las personas”, así como también “generan un clima de hostilidad e intolerancia que resulta incompatible con los valores de convivencia democrática y respeto por la diversidad ideológica”.
Esta acción judicial gira en torno al artículo 66 de la Constitución Nacional: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.
Lo que se busca es solicitar una revisión de la conducta de la diputada, lo cual podría derivar en su “exclusión” en caso de comprobarse una inhabilidad moral sobreviniente. Desde la fundación insisten en que “el lenguaje utilizado por la diputada Lemoine trasciende los límites de la libertad de expresión”.
