El Gobierno nacional recibió este lunes los proyectos de ley sancionados por el Senado el pasado 10 de julio, que establecen un aumento para jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. A partir de hoy, se abre el plazo de 10 días hábiles para que el presidente Javier Milei decida si promulga las normas o hace uso del poder de veto, como ya anticipó públicamente.
Según informó nuestra redacción, el trámite legislativo se completó este lunes con la firma de las autoridades de ambas cámaras y el posterior envío de las iniciativas al Poder Ejecutivo. En consecuencia, el mandatario tiene como fecha límite el 4 de agosto para tomar una decisión formal.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, la suba del bono para quienes cobran la mínima, que pasaría de $70.000 a $110.000, y la extensión por dos años de la moratoria previsional, que venció en marzo. Además, se incluye la declaración de la emergencia en discapacidad, con el objetivo de garantizar prestaciones esenciales para personas con cobertura estatal.
Pese al aval legislativo, Javier Milei ya adelantó que vetará cualquier norma que implique un gasto no contemplado en el presupuesto actual. Bajo la bandera del déficit cero, el mandatario reiteró en varias ocasiones que “no se financiarán privilegios con plata que no hay”, incluso si eso conlleva un enfrentamiento abierto con el Congreso.
Sin embargo, los proyectos cuentan con amplio respaldo de la oposición, e incluso cosecharon votos de sectores dialoguistas del radicalismo y bloques provinciales. Esta situación deja abierta la posibilidad de que, en caso de veto presidencial, se intente una insólita jugada de insistencia legislativa, lo que marcaría un choque institucional sin precedentes en lo que va del mandato de Milei.
El paquete también reaviva el debate sobre el sistema previsional, el rol del Estado en la cobertura de la discapacidad, y el ajuste fiscal. Para la oposición, se trata de medidas urgentes frente a una crisis social creciente. Para el oficialismo, son leyes que “dinamitan el equilibrio fiscal y comprometen la estabilidad económica”.
Mientras tanto, millones de jubilados y beneficiarios esperan definiciones en medio de una inflación persistente, pérdida del poder adquisitivo y recortes en programas sociales. El reloj ya comenzó a correr. Milei tiene la palabra.
