Martín Romeo, uno de los perjudicados representado por el abogado Nicolás Ozsust, junto a otras víctimas representadas por el abogado y dirigente social Juan Grabois, habían impugnado semanas atrás la medida del juez. Todos ellos argumentan que el magistrado ha prejuzgado el caso y ha desestimado pruebas fundamentales.
La causa investiga un posible fraude en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y los querellantes que fueron excluidos del proceso penal habían presentado un recurso de apelación contra la decisión del 3 de julio, que los apartó de su rol como partes querellantes.
En su apelación, Romeo cuestiona que se haya caracterizado el caso como una inversión de alto riesgo, similar a una “memecoin”. “Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las condiciones del mercado”, sostiene el escrito, que agrega: “El colapso de $LIBRA no fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull pre-programado”.
De acuerdo con la presentación, la maniobra incluyó compras automatizadas que se realizaron segundos antes de la difusión de un tuit presidencial, las cuales impulsaron el valor del activo digital y resultaron en la extracción de u$s44,5 millones a través de información privilegiada.
La presentación, respaldada por Grabois y Camila Palacin Roitbarg, alega que la resolución judicial “desconoce la magnitud de la maniobra fraudulenta efectivamente comprobada en la causa”.
Los querellantes argumentan que el juez Martínez De Giorgi se pronuncia sobre el fondo del caso al afirmar que ‘los hechos investigados no son subsumibles en el delito de estafa’ y calificar los acontecimientos como una simple inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad de una ‘memecoin’.
Para ellos, ser excluidos en esta fase significaría consolidar un vacío en el control y avance del expediente. La investigación únicamente sería llevada a cabo por el fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación es cuestionada por los damnificados.
La Sala I de la Cámara Federal debe decidir si revoca la determinación de Martínez De Giorgi y permite que las víctimas sigan participando activamente en la causa. La resolución no se espera de inmediato, ya que a partir de la próxima semana inicia la feria judicial y un receso de dos semanas.
A lo largo de la investigación, el expediente ha pasado por distintas salas de la Cámara Federal debido a modificaciones en la integración del tribunal. En una primera fase, intervino la Sala II, que confirmó la inclusión de los damnificados como querellantes.
Posteriormente, el asunto fue radicado en la Sala I, que está conformada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes ahora deberán resolver si los damnificados pueden continuar impulsando el caso.
Este fallo se dará en un marco de cambios en la composición de dicha sala. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno anterior, aunque sus situaciones están sujetas a revisión.
El Gobierno actual ha enviado esta semana el pliego de Bertuzzi al Senado para su posible designación como juez titular del tribunal. Su nombre fue incluido en una terna junto con la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio.
Por su parte, Bruglia ha presentado un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mantenerse en su cargo. Si se concreta su salida, sería reemplazado en la Sala I por Pablo Yadarola, cuyo pliego también ha sido remitido al Senado por el Poder Ejecutivo.
La Cámara Federal juega un papel crucial, ya que revisa la decisión de primera instancia en causas de considerable impacto institucional, y la Sala I tiene en sus manos un fallo decisivo para el futuro de la investigación en torno al caso $LIBRA.
