El juzgado federal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla dictó una sentencia desfavorable hacia el Ministerio de Economía, declarando la inconstitucionalidad de la resolución que exima a las empresas petroleras de informar sus precios de venta minorista al registro público del Estado. Esta resolución judicial representa un fuerte revés para la política de desregulación que intentaba implementar el Palacio de Hacienda en el sector energético.
El fallo sostiene que la supresión de este mecanismo de control vulnera el derecho a la información transparente que ampara a los consumidores en la Constitución Nacional. Según la resolución del magistrado, la falta de datos públicos precisos debilita la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas en un mercado esencial.
Asimismo, argumenta que las plataformas informáticas o aplicaciones de carácter privado no pueden sustituir la responsabilidad fiscalizadora del Estado en mercados de alta concentración. El tribunal enfatizó que la delegación de estas funciones en herramientas no estatales desprotege al usuario frente a potenciales distorsiones de precios.
Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico de la cartera económica confirmó que interpondrá un recurso de apelación de forma inmediata ante la Cámara Federal con el propósito de sostener el principio de libre competencia. Desde el Gobierno nacional argumentan que la medida judicial interfiere con la modernización administrativa y la simplificación de trámites burocráticos para el sector privado.
