“AySA el año pasado, en términos operativos, ganó 273 millones de dólares. Y venden el 90% por 340 millones de dólares”, señaló el legislador. A partir de esos números, consideró que la empresa está siendo “totalmente mal vendida o regalada”.
Michel recordó que AySA cuenta con cuatro millones de conexiones y calculó que el precio establecido representa unos 100 dólares por cada una. “Le transferiste las acciones de AySA a un grupo inversor, le das la concesión por 360 meses y le vendés esa empresa por tres meses de facturación. No resiste ningún análisis técnico”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos del diputado apunta a la composición del consorcio comprador. Según advirtió, algunas de las empresas que lo integran ya son proveedoras de AySA, lo que podría generar situaciones de conflicto de intereses si pasan a controlar la compañía y mantienen relaciones comerciales con ella.
“Ellos van a estar de los dos lados del mostrador. Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas”, sostuvo. En ese sentido, planteó interrogantes sobre los precios que podrían establecerse para los servicios y suministros: “¿Qué valor van a pagar por esa materia prima o esos servicios? ¿A un valor que le sirva a AySA o a un valor que le sirva a sus empresas privadas?”.
Frente a esa situación, Michel consideró que la AGN debe investigar las relaciones comerciales entre la empresa y sus actuales proveedores. También señaló que ya existen dos actuaciones vinculadas con el proceso de privatización: una en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. “La auditoría tiene que meterse de lleno en esto, como ya se metió en lo de la Hidrovía”, insistió.
El legislador también alertó sobre las consecuencias que la operación podría tener para los usuarios, especialmente en el conurbano bonaerense. “El agua es un derecho, es un bien esencial. ¿Qué van a hacer cuando les corten el servicio? ¿Qué van a hacer esos vecinos cuando apliquen un aumento fenomenal de las tarifas?”, planteó.
Como alternativa al esquema de privatización, Michel propuso un modelo de participación mixta similar al de YPF. Según explicó, el Estado podría haber conservado el 51% de las acciones para mantener la capacidad de decisión sobre las tarifas y el plan de obras, mientras que el 49% restante podría haberse ofrecido al mercado mediante un mecanismo transparente para atraer inversiones.
Por último, consideró que el gobierno bonaerense debería evaluar la posibilidad de sumarse a los reclamos contra la privatización. El diputado advirtió que más de 16 millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires podrían verse afectados por las condiciones futuras de prestación del servicio.
