La comisión interna de CNEA indicó que esta mañana, más de 60 empleados fueron notificados a través del sistema de gestión documental del Estado (GDE) sobre la conclusión de sus contratos, que se extinguirán el 30 de junio, sin posibilidad de renovación.
A raíz de esta situación, los trabajadores decidieron ocupar pacíficamente la sede ubicada en el barrio de Núñez en la ciudad de Buenos Aires.
Las autoridades de la CNEA, bajo la dirección de Martín Porro, aseguraron que estas desvinculaciones no corresponden a despidos, sino a contratos no renovados, precisando que la mayoría de los afectados son analistas y asistentes administrativos. Aseguraron que no hubo despidos de ingenieros nucleares ni de personal técnico especializado.
También manifestaron que todos los desvinculados ingresaron en 2023 con contratos de plazo fijo, durante la presidencia de Adriana Serquis.
Respecto a la presencia de Gendarmería, las autoridades afirmaron que, debido a su condición de institución estratégica, la CNEA debe estar protegida por esta fuerza. Indicaron que el personal desvinculado había ingresado ilegalmente al edificio y generado disturbios, lo que llevó a Gendarmería a solicitar refuerzos, incluidos vehículos blindados.
Además, señalaron que de las 61 desvinculaciones, 42 correspondían a personal con solo estudios secundarios o primarios.
Por su parte, el sindicato ATE rechazó la explicación oficial, argumentando que las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores y personal técnico con más de una década de antigüedad, quienes son fundamentales para el desarrollo nuclear en el país.
El INDEC también divulgó un informe este martes, indicando que en el último mes hubo un recorte de 28 puestos en la CNEA. Desde enero de 2024, la cantidad de empleos perdidos asciende a 524, según los datos oficiales.
Las decisiones sobre despidos se dan en un contexto en que los trabajadores denuncian un proceso de vaciamiento dentro de esta entidad estratégica. Aseguran que el área de Asuntos Nucleares, liderada por Federico Ramos Nápoli, ha estado sufriendo un desmantelamiento desde que comenzó el actual Gobierno.
Entre las preocupaciones planteadas, destacan la privatización de IMPSA, una empresa con participación estatal que fue transferida a una firma estadounidense, ARC Energy, que tiene vínculos con el reactor CAREM. Este reactor, uno de los proyectos nucleares más pequeños, fue detenido durante la actual gestión.
Además, han manifestado preocupaciones sobre la posible privatización de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse, así como la paralización de la operadora del microscopio electrónico en el Centro Atómico Constituyentes, donde se han desvinculado desde técnicos hasta personal en áreas de comunicación y asistencia a las centrales.
“Estamos operando muy por debajo de la dotación óptima”, concluyeron.
La situación continúa en desarrollo.
