En países afectados por conflictos bélicos, la actividad económica experimenta una drástica contracción, con una disminución promedio del 3% inicialmente y un acumulado de hasta el 7% en un lustro. Estas pérdidas, a menudo, superan a las causadas por crisis financieras o desastres naturales. Así lo evidencia un documento del Blog del Fondo Monetario Internacional, titulado “Las guerras imponen costos económicos duraderos, mientras que un mayor gasto en defensa implica decisiones difíciles”.
El incremento del gasto en defensa exige la adopción de complejas decisiones fiscales para mitigar vulnerabilidades. Paralelamente, la recuperación posbélica depende de la implementación de políticas que reduzcan la incertidumbre, faciliten la reconstrucción del capital y promuevan el retorno de las personas desplazadas a sus lugares de origen, según afirman los autores del estudio: Hippolyte Balima, Andresa Lagerborg y Evgenia Weaver.
El informe, divulgado este miércoles en Washington, forma parte de las Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook) elaboradas por el Fondo. En esta edición, la institución analiza la repercusión de los conflictos vigentes y el aumento del gasto militar a escala global.
Conflictos
El FMI subraya que la guerra nuevamente configura el panorama mundial. Tras décadas de relativa estabilidad posteriores a la Guerra Fría, la cifra de conflictos activos ha escalado a niveles no registrados desde la Segunda Guerra Mundial. Ante este escenario, advierte el organismo, numerosos gobiernos están optando por incrementar la inversión en defensa.
En consecuencia, tanto el número de conflictos como el índice de amenazas geopolíticas han experimentado un repunte significativo desde 2006, alcanzando cotas similares a las del periodo de posguerra. En este contexto, la proporción de naciones que dedican más del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto militar ha comenzado a ascender, revirtiendo una tendencia de descenso sostenido durante años.
El análisis de 164 países revela que los incrementos en el gasto de defensa suelen tener una duración de tres años e implican un aumento del gasto en 2,7 puntos porcentuales del PIB. Si bien esto puede estimular la demanda a corto plazo, impone la necesidad de definir su financiación. Se estima que este gasto incrementa la deuda pública en aproximadamente 7 puntos porcentuales en un trienio, reduce el consumo privado y, habitualmente, se realiza a expensas de la inversión en protección social, sanidad y educación.
