El programa permite financiar compromisos fiscales en hasta 18 cuotas, aunque las condiciones varían según el tamaño del contribuyente y la naturaleza de las obligaciones. La ampliación busca facilitar la regularización de deudas acumuladas por empresas que enfrentan dificultades para cumplir con sus vencimientos corrientes.
Durante un encuentro con representantes del sector industrial, Caputo confirmó que se otorgará un plazo mayor para cancelar los compromisos. El funcionario reconoció las dificultades financieras que atraviesan especialmente las pequeñas y medianas empresas y señaló que los problemas de liquidez no necesariamente pueden resolverse en uno o dos meses.
La modificación no implica una condonación de obligaciones. El régimen mantiene los montos originales de capital, intereses y multas, y funciona como una herramienta de financiación. Para ingresar, los contribuyentes deben cumplir determinadas condiciones y realizar un anticipo antes de comenzar a pagar las cuotas.
El anuncio se produjo después de otra modificación administrativa. Mediante la Resolución General 5920/2026, publicada el 30 de octubre en el Boletín Oficial, ARCA había extendido hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo para adherir a dos regímenes especiales de facilidades de pago, cuyo vencimiento original estaba previsto para fines de octubre.
Se trata de dos cuestiones diferentes: mientras aquella resolución amplió el tiempo disponible para incorporarse a los programas, la nueva decisión extiende el período de obligaciones vencidas que pueden regularizarse. De esta manera, las empresas podrán incluir compromisos tributarios correspondientes a cuatro meses adicionales, siempre que respeten el resto de los requisitos establecidos.
La medida fue valorada por profesionales del ámbito contable, aunque también señalaron algunas limitaciones del esquema. Entre ellas aparecen la exigencia de un pago inicial, la tasa de financiación mensual del 2,75% y las diferencias en los plazos disponibles según la categoría del contribuyente y el tipo de obligación.
En cuanto a las condiciones, las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro pueden financiar sus deudas generales en hasta 18 cuotas. Para ingresar deben realizar un anticipo equivalente al 5% del total consolidado.
En el caso de las empresas medianas de los tramos 1 y 2, el máximo previsto para las obligaciones generales es de 15 cuotas, con un pago inicial del 10% de la deuda.
Las condiciones son más restrictivas para los compromisos vinculados con retenciones y percepciones. En esas situaciones, las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro pueden acceder a un máximo de nueve cuotas, mientras que para las compañías medianas el límite es de siete.
La tasa de financiación se ubica en el 2,75% mensual para las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, tanto el anticipo como cada cuota deben alcanzar un mínimo de $50.000. Otro requisito es contar con el Certificado MiPyME vigente.
La adhesión se realiza mediante el sistema Mis Facilidades y no existe un límite en la cantidad de planes que puede presentar cada contribuyente. Sin embargo, el mecanismo no contempla descuentos sobre el capital adeudado, los intereses ni las multas, sino que permite distribuir los pagos en el tiempo con la tasa correspondiente.
Entre las observaciones planteadas por especialistas aparece la necesidad de revisar el costo financiero del programa. También se cuestionó la obligación de realizar un anticipo para acceder a las facilidades, especialmente en el caso de los contribuyentes de menor capacidad económica.
Otra de las consideraciones estuvo vinculada con la tasa aplicada, que fue señalada como elevada frente al rendimiento actual de instrumentos de inversión como los fondos comunes y los depósitos a plazo fijo. En ese sentido, también se advirtió sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre las facilidades otorgadas a los contribuyentes y el nivel de recaudación fiscal.
Al cierre de la información original, no se habían difundido precisiones oficiales de ARCA ni del Ministerio de Economía sobre la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las nuevas disposiciones necesarias para instrumentar los cambios anunciados.
