La iniciativa, que todavía se encuentra en etapa de negociación y no fue anunciada oficialmente, comenzó a circular bajo el nombre de «Súper RIMI». La propuesta buscaría funcionar como una alternativa intermedia entre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a las PyMEs, y el RIGI, destinado a proyectos de gran escala.
Uno de los principales objetivos es evitar que las inversiones de mayor volumen terminen concentrando sus contrataciones en grandes empresas o proveedores extranjeros, sin generar suficientes oportunidades para las compañías medianas argentinas.
Entre las herramientas que se analizan figuran una mayor estabilidad fiscal que la prevista en el RIMI, mecanismos para reducir el impacto de Ingresos Brutos y algún incentivo, o incluso una exigencia, para que los proyectos alcanzados por el RIGI incorporen proveedores nacionales en sus compras de bienes y servicios.
La discusión se desarrolla en paralelo con otra iniciativa impulsada por el sector industrial: un Pacto Fiscal Industrial Federal, presentado durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Se trata de dos propuestas diferentes. Mientras el eventual Súper RIMI apunta a establecer un régimen de inversiones intermedio, el pacto industrial propone una reforma tributaria que involucre a la Nación, las provincias y los municipios.
El planteo de la entidad industrial contempla una reducción de Ingresos Brutos hasta alcanzar la exención para el sector, la simplificación y limitación de las tasas municipales y modificaciones en el impuesto al cheque. También propone establecer una alícuota única del 25% para Ganancias, implementar la amortización acelerada, ampliar los reintegros a las exportaciones industriales y garantizar estabilidad fiscal durante 30 años.
El diagnóstico que acompaña esta iniciativa sostiene que la presión tributaria sobre el sector formal alcanza el 56%. Para fundamentar esa cifra se realizó una comparación de ocho impuestos en 30 países, en la que Argentina aparece con la mayor carga fiscal.
La posibilidad de extender los períodos de estabilidad tributaria en el nuevo régimen también genera reparos. Entre los cuestionamientos aparece la dificultad de garantizar compromisos fiscales de largo plazo en un contexto de cambios frecuentes en las reglas económicas.
Otra de las objeciones está vinculada con la posibilidad de establecer mecanismos de compre nacional dentro del RIGI. Si bien se considera viable avanzar en herramientas para favorecer a los proveedores argentinos, también existe preocupación por las señales que una exigencia de este tipo podría transmitir a los inversores internacionales.
El desarrollo de proveedores locales constituye uno de los principales puntos de discusión entre el Gobierno y las cámaras industriales. La intención del sector es que una mayor proporción de los insumos, servicios y contrataciones de los grandes proyectos se canalice a través de empresas argentinas.
Durante la Conferencia Industrial, el ministro de Economía afirmó que el 82% de las inversiones comprendidas en el RIGI corresponde a compras locales. Sin embargo, desde el ámbito industrial advierten que resulta difícil comprobar ese porcentaje, debido a que los planes de desarrollo de proveedores de los proyectos no tienen carácter público.
A esa preocupación se suma el crecimiento de las importaciones vinculadas con las grandes inversiones. Por el momento, no existe información pública suficiente para determinar qué proporción representan sobre el total de los desembolsos comprometidos.
La situación adquiere especial relevancia en la actividad minera, donde los proveedores argentinos deben competir con productos importados y empresas de países como Chile y Perú. Estas últimas pueden participar de las licitaciones cuando las compañías locales no reúnen las condiciones técnicas requeridas o no cuentan con capacidad para cumplir los plazos establecidos.
Las oportunidades para la industria nacional también pueden variar según la etapa de desarrollo de cada emprendimiento. En los primeros períodos, las obras suelen demandar movimiento de suelos, construcción e infraestructura, actividades en las que pueden intervenir empresas locales. Sin embargo, cuando los proyectos avanzan hacia la incorporación de equipamiento y tecnología, aumenta la posibilidad de que las compras se orienten hacia proveedores del exterior.
Uno de los principales obstáculos para modificar esta situación es el marco legal vigente. La normativa del RIGI establece condiciones que el Poder Ejecutivo no puede alterar mediante disposiciones reglamentarias que contradigan la ley o su decreto de aplicación.
No obstante, existe margen para introducir ajustes en la implementación del régimen y precisar algunos aspectos que todavía presentan zonas de interpretación. Entre ellos se encuentran los criterios para determinar cuándo una empresa nacional está en condiciones de competir, la forma de contabilizar determinados compromisos de inversión y los parámetros para evaluar el desarrollo de proveedores.
En ese escenario, las alternativas de intervención estarían más relacionadas con mecanismos de financiamiento, facilidades, reglamentaciones y coordinación entre las empresas inversoras y sus potenciales proveedores que con la incorporación de obligaciones nuevas que excedan el marco legal del RIGI.
Las conversaciones por el denominado Súper RIMI buscan responder, de esta manera, a una de las principales preocupaciones de la industria argentina: cómo lograr que las inversiones de gran escala también generen oportunidades concretas para las empresas medianas y fortalezcan la participación de proveedores nacionales en las nuevas cadenas productivas.
