La decisión se produce mientras avanza la actividad comercial relacionada con el yacimiento Sea Lion, impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas cuya soberanía es reclamada por la Argentina. Frente a este tipo de operaciones, la legislación nacional contempla sanciones que incluyen inhabilitaciones para operar, penas de prisión y multas calculadas en función del volumen de petróleo involucrado.
El marco legal vigente prohíbe, además, que personas y empresas realicen contrataciones, operaciones comerciales, asistencia técnica o financiera y tareas de consultoría con entidades que desarrollen actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina.
Las sanciones administrativas pueden incluir la prohibición de operar en el país y la inhabilitación por períodos de entre cinco y 20 años para personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras. También se contempla la posibilidad de revocar concesiones otorgadas dentro del territorio nacional.
En materia penal, la normativa establece penas de entre cinco y diez años de prisión y multas de hasta 100.000 barriles de petróleo para determinadas actividades de exploración no autorizadas. Para las operaciones de extracción, las consecuencias previstas son todavía más severas.
La legislación también extiende la responsabilidad penal a quienes intervengan en los hechos en representación de una empresa. Directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes y personas autorizadas pueden quedar alcanzados cuando hayan participado en la conducta considerada delictiva.
El escenario se desarrolla en paralelo con las gestiones de Chile vinculadas con la relación bilateral y la cuestión Malvinas. El embajador chileno en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino de soberanía sobre las islas y planteó, al mismo tiempo, la necesidad de mantener una relación recíproca respecto del régimen de navegación del Estrecho de Magallanes.
El planteo surgió después del encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast, en el que ambos gobiernos buscaron encauzar las diferencias generadas por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, relacionadas con la navegación por el paso interoceánico.
Tras esa reunión, ambos países reafirmaron que el marco jurídico aplicable al Estrecho de Magallanes está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Uriarte Herrera también planteó la necesidad de profundizar los mecanismos de integración comercial y logística entre ambos países y vinculó el respaldo chileno al reclamo argentino por Malvinas con la expectativa de reciprocidad en otros asuntos bilaterales.
La cuestión adquiere especial relevancia para la Argentina debido a iniciativas que avanzan desde Punta Arenas para desarrollar un polo de abastecimiento destinado a las islas. La iniciativa contempla una ronda de negocios prevista para el 28 y 29 de septiembre y cuenta con respaldo del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
La ubicación de esa ciudad chilena representa una ventaja logística para las operaciones en las Malvinas, ya que la distancia marítima es aproximadamente la mitad de la existente desde Montevideo. Esa proximidad permitiría facilitar el traslado de insumos, materiales de construcción, gas licuado y alimentos necesarios para las actividades vinculadas con la explotación petrolera.
Radonich también planteó la posibilidad de recurrir a embarcaciones con otras banderas para sortear determinadas restricciones normativas y favorecer el desarrollo de la actividad comercial.
En la Argentina, la posibilidad de que Punta Arenas avance como centro de provisión para las islas genera preocupación. Tras la reunión entre Milei y Kast, se señaló que serían valorados los esfuerzos de Chile destinados a evitar que se consoliden respaldos a la exploración unilateral de recursos en zonas cuya soberanía se encuentra en disputa.
El régimen sancionatorio argentino tiene como base una legislación aprobada en 2011 y modificada en 2013. Allí se establece un conjunto de prohibiciones y sanciones para las actividades de búsqueda y extracción de hidrocarburos que se desarrollen sin autorización en áreas comprendidas por la jurisdicción argentina.
Con las nuevas acciones judiciales, el Gobierno busca aplicar ese marco tanto sobre las empresas involucradas en las operaciones como sobre las personas que eventualmente hayan participado en ellas, en un contexto marcado por el avance de proyectos petroleros en el área de Malvinas y por las gestiones comerciales y logísticas que se desarrollan en la región.
