La definición se produjo en una reunión encabezada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, junto con los titulares de las principales bancadas aliadas: Eduardo Vischi, por la UCR; Martín Goerling Lara, por el PRO; Beatriz Ávila, por Independencia; Flavia Royón, por Primero Los Salteños; Sonia Rojas Decut, por el Movimiento por Misiones; Edith Terenzi, por Despierta Chubut, y Carlos Espínola, por Provincias Unidas.
El temario será formalizado este jueves a las 14 durante la reunión de Labor Parlamentaria. Sin embargo, el entendimiento alcanzado anticipa que las iniciativas impulsadas por el oficialismo tendrán los votos necesarios para avanzar.
Antes de la sesión, el Senado también prevé dejar dictaminados dos proyectos de contenido económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II. Ambos dictámenes se firmarán este miércoles y el objetivo del oficialismo es llevarlos al recinto el 17 de septiembre.
La modificación de la Carta Orgánica del BCRA apunta a establecer el equilibrio fiscal y a incorporar la preservación del valor de la moneda entre los objetivos centrales del organismo. El segundo proyecto busca favorecer el regreso al circuito formal de dólares que actualmente permanecen fuera del sistema.
El calendario explica la aceleración de los tiempos. El proyecto de Presupuesto 2027 será enviado el próximo martes a la Cámara de Diputados, por lo que el oficialismo pretende avanzar previamente con sus principales iniciativas económicas para evitar que la discusión presupuestaria desplace el resto de la agenda legislativa.
Uno de los puntos que todavía genera diferencias es la reforma del régimen de biocombustibles. El dictamen de mayoría propone elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%.
El proyecto también establece límites a la acumulación de cupos por parte de las empresas para evitar posiciones dominantes y extiende hasta 2036 el período de reconversión para las pequeñas y medianas empresas del sector.
La iniciativa enfrenta resistencia de senadores de La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Córdoba. El principal cuestionamiento apunta al tratamiento previsto para las pymes productoras de biodiésel, que buscan conservar una participación del 7,5% del mercado. El texto plantea, en cambio, una reducción progresiva de esa participación hasta su eliminación en 2036.
Aunque el Poder Ejecutivo mantiene una postura reticente a modificar el proyecto, en el Senado existe disposición a evaluar cambios que permitan reunir los votos necesarios para su aprobación.
El otro eje de la sesión será el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional al fuero de la Ciudad de Buenos Aires. La transferencia deberá ser aprobada por el Congreso y posteriormente convalidada por la Legislatura porteña.
De avanzar el proyecto, los tribunales de la Ciudad asumirán progresivamente causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual, calumnias e injurias y hechos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, con excepción de aquellos que correspondan a la Justicia Federal.
La iniciativa se apoya en los convenios firmados el 3 de julio entre los ministerios de Justicia de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, que establecieron un esquema progresivo para el traspaso de competencias. Además de los aspectos judiciales, la medida tiene una dimensión política por el vínculo entre el Gobierno nacional y la administración porteña de Jorge Macri.
Por último, el Senado incorporará al tratamiento los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Javier Catania, propuestos para ocupar cargos en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
Con esta agenda, el oficialismo busca cerrar una serie de iniciativas antes del ingreso del Presupuesto 2027, que desde la próxima semana comenzará a concentrar buena parte de la actividad parlamentaria.
