El problema alcanza tanto al proyecto presentado por el Gobierno en abril ante el Senado como a las derogaciones contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027. Dentro del oficialismo reconocen que existe margen para modificar la propuesta presupuestaria antes de su tratamiento definitivo.
El principal límite está dado por el marco jurídico vigente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en la Argentina desde 2014 y establece obligaciones para el Estado en materia de protección de esos derechos. A esto se suman las leyes 22.431, que establece un sistema de protección integral, y 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.
Cualquier modificación que implique una reducción de prestaciones puede ser cuestionada judicialmente por las personas afectadas. En ese escenario, los tribunales podrían convertirse en una instancia central para determinar el alcance y la constitucionalidad de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
El Gobierno ya tuvo un antecedente reciente en este terreno. Después de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia en discapacidad, Javier Milei promulgó la norma, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Poder Legislativo determinara la fuente de financiamiento.
La Justicia Federal de Campana intervino a partir de un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad. El juez Adrián González Charvay dejó sin efecto la suspensión y ordenó avanzar con la implementación de la ley.
En enero, el magistrado había establecido como fecha límite el 4 de febrero para que la norma comenzara a aplicarse plenamente. Un día antes de ese vencimiento, el Gobierno reglamentó la ley mediante el Decreto 84/2026.
González Charvay también fijó un criterio sobre los límites de las decisiones estatales en materia de prestaciones. Al hacer lugar a una acción de amparo presentada por padres de niños con discapacidad contra la derogación de la ley de emergencia, sostuvo que las políticas públicas deben respetar las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por la Argentina, particularmente cuando pueden producir un retroceso en derechos.
En su resolución, además, señaló que la obligación estatal de utilizar el máximo de los recursos disponibles no puede quedar subordinada a acuerdos políticos que impliquen una disminución de derechos.
Ese antecedente es tenido en cuenta actualmente por el oficialismo mientras busca modificar su estrategia. La intención es avanzar hacia una legislación permanente que establezca un piso de protección para el sector, en lugar de sostener el esquema extraordinario de emergencia.
En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la diputada Laura Rodríguez Machado trabajan junto con los bloques aliados en una nueva propuesta.
La negociación apunta a encontrar un punto intermedio entre las derogaciones planteadas originalmente por el Gobierno y la continuidad de la emergencia. El objetivo es mantener determinadas garantías para las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, revisar algunos criterios que actualmente rigen el sistema.
Uno de los aspectos que se busca modificar está relacionado con las pensiones, para lo cual se analiza un endurecimiento de los criterios de otorgamiento. Menem señaló que el trabajo estará orientado a establecer condiciones consideradas más equitativas.
El debate también quedó atravesado por la salida de Alejandro Vilches, quien renunció a su cargo como secretario de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
La discusión combina así tres dimensiones: el objetivo oficial de reducir el gasto, la necesidad de definir un esquema permanente de protección y las restricciones que surgen del marco constitucional y judicial vigente. Para el Gobierno, una eventual reducción de prestaciones no solo podría generar un conflicto político, sino también derivar en nuevos procesos judiciales y, con el tiempo, transformar parte del ahorro fiscal buscado en mayores gastos para el Estado.
