Un informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, elaborado a partir de datos del Ministerio de Economía, mostró que entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026 las exportaciones aumentaron 38% y el consumo privado avanzó 8%, mientras que la inversión productiva retrocedió 4%.
Dentro del comercio exterior, las exportaciones de combustibles y energía se duplicaron, las de productos primarios crecieron 74% y las de bienes industrializados aumentaron 30%. El análisis señala que estas actividades tienen una fuerte utilización de recursos naturales, mientras que las actividades urbanas, más intensivas en empleo, permanecieron estancadas o registraron leves retrocesos.
Esta dinámica también se refleja en el mercado laboral, donde la pérdida de puestos formales fue acompañada por un crecimiento del trabajo independiente e informal.
Los datos correspondientes al primer trimestre del año muestran una situación similar. La economía creció 2,3% interanual, impulsada por un incremento de 9,8% en las exportaciones y de 2,7% en el consumo privado. En cambio, la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% y acumuló cuatro trimestres consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada.
La inversión pasó de representar el 20% del PBI en el primer trimestre de 2025 al 17,2% un año después, a precios constantes. Dentro de esa caída, el 76% correspondió a maquinaria y equipos, uno de los componentes más relacionados con la ampliación de la capacidad productiva y las decisiones de inversión de mediano plazo.
En este contexto, el RIGI aparece como una herramienta con capacidad para modificar la estructura exportadora, aunque las cifras muestran una diferencia entre los proyectos anunciados, los aprobados y los desembolsos efectivamente realizados.
Entre agosto de 2024 y abril de 2026 se presentaron 35 proyectos por un monto total de US$81.104 millones. Para junio de 2026, 16 habían sido aprobados, por un total de US$29.892 millones. Sin embargo, para los primeros 12 proyectos aprobados, las previsiones oficiales contemplan desembolsos por US$1.920 millones durante los dos primeros años.
Esto representa unos US$960 millones anuales, una cifra inferior al 1% de la inversión anual de la Argentina. Incluso si todo el monto aprobado se ejecutara en un período de seis años, el flujo sería de aproximadamente US$5.000 millones por año y llevaría la inversión desde el 17,2% hasta cerca del 17,9% del PBI.
El nivel resulta todavía distante del umbral de inversión asociado con los países que registraron períodos prolongados de fuerte crecimiento. Un informe del Banco Mundial sobre 13 economías que crecieron a tasas superiores al 7% anual durante 25 años ubicó ese nivel en torno al 25% del PBI.
Más del 95% del volumen anunciado bajo el RIGI corresponde a proyectos de minería e hidrocarburos. En ese sentido, el régimen puede producir un cambio importante en determinados sectores, aunque su alcance sobre el conjunto de la economía depende de que esas inversiones generen vínculos con proveedores, empresas y servicios locales.
El régimen también plantea una discusión institucional. La utilización de un esquema de estabilidad y beneficios específicos para grandes proyectos puede funcionar como un mecanismo para otorgar previsibilidad durante períodos extensos. El desafío planteado por los análisis es que, a largo plazo, las reglas generales de la economía puedan ofrecer por sí mismas esa previsibilidad sin necesidad de regímenes de excepción.
El impacto sobre el empleo constituye otro de los interrogantes. Uno de los proyectos de mayor magnitud presentado al RIGI contempla una inversión de US$51.000 millones, incluyendo US$15.000 millones en compras a proveedores nacionales. Durante su construcción podría generar unos 20.000 empleos directos e indirectos, con picos de hasta 40.000, mientras que una vez operativo sostendría alrededor de 8.000 puestos.
La relación entre el volumen de inversión y los empleos permanentes muestra que los sectores que actualmente concentran buena parte de la expansión, como minería, energía y agro, son intensivos en capital. Sin embargo, el impacto laboral no necesariamente queda limitado a los puestos generados directamente por los proyectos.
La capacidad de estas actividades para crear empleo también depende de los encadenamientos que desarrollen con otros sectores, tanto a través de proveedores como de servicios, tecnología, mantenimiento e infraestructura.
La experiencia internacional ofrece algunos ejemplos en ese sentido. En Australia, la minería pasó de representar alrededor del 5% del PBI en 1990 a cerca del 15%. Durante ese período, los estados de Queensland y Western Australia, con fuerte actividad minera, aumentaron conjuntamente en 5,6 puntos porcentuales su participación en el empleo nacional entre 1990 y 2025. En cambio, New South Wales y Victoria redujeron su participación en 3,3 puntos.
El desarrollo de proveedores especializados también fue una consecuencia de esa expansión. Las necesidades vinculadas con las distancias, las características geológicas y la escala de los proyectos impulsaron la aparición de empresas dedicadas a ingeniería, equipamiento, mantenimiento, software, automatización y otros servicios para la minería, agrupadas bajo el concepto de METS.
Para 2019-2020, estimaciones citadas en el análisis ubicaron en 483.000 los empleos directos vinculados con ese ecosistema y en 648.000 los indirectos, por encima de 1,1 millones de puestos en total.
En Chile, por su parte, la minería empleaba de manera directa a más de 300.000 personas e indirectamente a otras 900.000 en 2025, lo que equivalía en conjunto al 13% del empleo del país.
En Argentina, estimaciones del Centro de Estudios de Producción señalaron que el petróleo y la minería se encuentran entre las actividades con mayor capacidad para generar empleo indirecto. En el caso del petróleo, el multiplicador utilizado indica cuatro puestos indirectos por cada empleo directo.
La magnitud de ese efecto varía considerablemente según la actividad. Hay sectores donde la mayor parte del empleo se genera de manera directa y otros en los que predomina el empleo indirecto, como la producción de vehículos, alimentos, bebidas y tabaco, electrónica e instrumentos médicos y las actividades de extracción y refinación de petróleo.
Por eso, el impacto laboral de los grandes proyectos dependerá en buena medida del entramado productivo que se genere alrededor de ellos. La incorporación de proveedores nacionales, tecnología y servicios especializados puede ampliar el efecto económico más allá de los lugares donde se desarrollan los yacimientos o las instalaciones productivas.
Esta discusión se vincula además con un debate más amplio sobre el futuro del empleo. En los últimos años cobró fuerza la idea de que la creación de puestos de trabajo podría concentrarse cada vez más en los servicios, especialmente aquellos que requieren mayores niveles de capacitación y productividad.
Dentro de la Argentina también comenzó a plantearse la posibilidad de que el desarrollo de la energía y la minería genere cambios en la distribución territorial de la población. Un estudio elaborado por estudiantes de la Universidad de San Andrés, bajo supervisión académica, proyectó un proceso de migración interna desde los grandes centros urbanos hacia regiones con mayor expansión de actividades vinculadas con los recursos naturales.
El trabajo plantea una hipótesis de largo plazo según la cual el cambio hacia una economía más abierta y desregulada podría producir una reasignación geográfica de recursos y población, en un fenómeno denominado por sus autores como “desurbanización”.
Según esa proyección, el Área Metropolitana de Buenos Aires podría perder alrededor de 4,2 millones de habitantes, cerca del 24% de su población actual, aunque continuaría siendo uno de los principales núcleos poblacionales del país junto con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Al mismo tiempo, el escenario proyectado contempla un fuerte crecimiento demográfico en provincias vinculadas con actividades energéticas y mineras. Neuquén sumaría casi 1,5 millones de habitantes; Catamarca, alrededor de un millón; San Juan, unos 750.000; Jujuy, cerca de 780.000; y Salta, aproximadamente 460.000.
Se trata de una proyección de largo plazo y no de una descripción de cambios demográficos ya concretados. Su evolución dependerá de la expansión efectiva de las inversiones, la generación de empleo, el desarrollo de proveedores y los cambios que atraviese la estructura productiva del país.
