La herramienta fue incorporada en el marco de la Reforma Laboral con el objetivo de equiparar los incentivos disponibles para las empresas más pequeñas con los que reciben las grandes inversiones a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Entre sus principales beneficios contempla la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA, cuyo plazo se reduce de seis a tres meses.
Estas medidas buscan mejorar el flujo de caja de las pymes y acortar los tiempos de recuperación del capital invertido. Sin embargo, especialistas del sector advierten que las condiciones para ingresar al régimen resultan exigentes y pueden desalentar a parte de las empresas interesadas.
“Los clientes se acercaron a averiguar, pero encontraron una vara muy alta para el acogimiento de cada uno de los tramos de inversión”, señaló un especialista. También explicó que algunas compañías quedaron excluidas de los beneficios sobre bienes adquiridos por no contar con el Certificado MiPyME vigente al primer día del ejercicio en que realizaron la primera inversión. Según sostuvo, las dificultades administrativas y los requisitos terminaron generando un esfuerzo que llevó a muchas empresas a perder el interés.
Los montos mínimos exigidos constituyen otro de los principales obstáculos. Los pisos de inversión van desde US$150.000 para las microempresas hasta US$600.000 para las pequeñas, mientras que ascienden a US$3,5 millones para las medianas del tramo 1 y a US$9 millones para las del tramo 2.
No obstante, existen excepciones para determinadas inversiones vinculadas con el riego agrícola, las mallas antigranizo, la eficiencia energética y ciertas especies ganaderas, que pueden acceder al régimen sin cumplir los montos mínimos generales.
Desde el ámbito tributario señalaron que hay pymes interesadas, pero que los requisitos económicos pueden resultar prohibitivos, especialmente en un contexto de retracción del consumo y de la actividad. En ese escenario, las empresas agroindustriales aparecen entre las que tienen mayores posibilidades de aprovechar el programa, debido a las excepciones previstas para determinadas categorías de bienes y equipos.
Las inversiones en sistemas de riego y equipamiento de eficiencia energética pueden acceder a beneficios sin los pisos generales de inversión y, cuando las empresas generan ganancias imponibles, la amortización acelerada permite anticipar deducciones fiscales y mejorar el retorno financiero.
También existen restricciones respecto de los bienes que pueden incluirse. La normativa establece que determinadas inversiones deben corresponder a activos fijos nuevos, amortizables en el impuesto a las Ganancias y comprendidos en las categorías habilitadas. Además, excluye los automóviles, lo que puede dejar afuera proyectos relacionados con la producción que no se ajusten estrictamente a los requisitos establecidos.
Otro punto de incertidumbre es la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA. Aunque el régimen reduce de seis a tres meses el plazo previsto, el mecanismo está sujeto a un cupo presupuestario anual. Por ese motivo, la disponibilidad de recursos y el procedimiento de solicitud pueden condicionar la posibilidad efectiva de recuperar esos fondos.
“Se está desincentivando el beneficio del IVA, porque se sabe que los cupos a veces se completan rápidamente. El que llega primero, gana”, advirtió uno de los especialistas consultados. En contraste, consideró que la amortización acelerada de Ganancias tiene una recepción favorable entre las empresas. También señaló que el acceso a los beneficios depende, en parte, de la adhesión y la reglamentación de las provincias.
La distancia entre los objetivos del régimen y el interés que despierta entre las empresas también aparece en una encuesta del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE) de la Universidad Austral. Según el relevamiento, solo el 3% de las compañías consultadas afirmó que planea utilizar el RIMI durante el próximo año. En cambio, el 48% manifestó que no tiene intención de hacerlo, el 22% señaló que está evaluando la posibilidad y el 27% reconoció que desconocía la existencia del programa.
Un académico del IAE destacó que los resultados muestran una brecha entre la disponibilidad de un instrumento de incentivo y su llegada efectiva al universo de las pymes. No obstante, aclaró que el relevamiento mide el nivel de conocimiento y las expectativas de utilización, pero no permite anticipar cuál será el impacto real del régimen sobre las inversiones.
