La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado fue convocada para este jueves a las 11, en el Salón Azul, donde se analizarán las distintas iniciativas que buscan establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.
El objetivo es avanzar hacia un dictamen unificado a partir de siete expedientes de distintos sectores políticos. Sin embargo, todavía no existe un texto definitivo ni un dictamen formalizado, por lo que las negociaciones continuaban abiertas.
Uno de los principales cambios incluidos en el borrador que circula en el Senado está relacionado con el biodiésel. Las empresas no integradas reclaman una mayor participación en el corte obligatorio y ese planteo amenaza con dificultar el acuerdo general.
Según el texto en discusión, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil se mantendría inicialmente en 7,5% y subiría al 10% luego de los primeros 12 meses de vigencia de la nueva ley.
Durante la primera etapa, las empresas no integradas tendrían derecho a cubrir la totalidad del corte del 7,5%. Una vez que el porcentaje alcance el 10%, se les garantizaría una participación del 6,5% hasta el 31 de diciembre de 2028.
Ese porcentaje bajaría progresivamente al 5,5% durante 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. Paralelamente, el volumen que quedaría sujeto a negociación libre entre empresas integradas, no integradas y mezcladoras aumentaría del 3,5% al 7% durante ese período.
La propuesta representa una modificación respecto de la versión anterior, que establecía una participación del 5% para las empresas no integradas una vez que el corte llegara al 10%. Ese porcentaje se reducía al 4% en 2029 y al 3% en 2030.
El nuevo esquema también extiende el período de transición hacia un mercado abierto hasta el 31 de diciembre de 2031, un año más que en la propuesta anterior. A su vez, se establece que ninguna empresa productora o grupo económico podrá concentrar más del 14% del volumen anual comercializado dentro del segmento reservado ni superar la capacidad instalada registrada de cada planta.
El reclamo de las pymes del sector se concentra en la necesidad de contar con una participación mayor dentro del corte obligatorio. El oficialismo, en cambio, busca determinar el porcentaje de biodiésel que deberá incorporarse al gasoil y evaluar su impacto sobre el precio final de los combustibles.
La discusión también alcanza al futuro esquema de funcionamiento de las empresas que hasta ahora desarrollaron su actividad bajo un sistema de cupos y precios regulados, frente a la apertura gradual prevista en el nuevo régimen.
En caso de que no se alcance un consenso sobre el biodiésel, entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de dividir el proyecto y avanzar por separado con la regulación del bioetanol y la del biodiésel.
El capítulo del bioetanol presenta mayores niveles de acuerdo y mantiene el esquema que impulsa el Norte Grande. Los representantes de las provincias productoras buscan evitar que la discusión sobre el biodiésel vuelva a postergar una regulación que se debate desde el año pasado.
Una de las modificaciones centrales previstas para el bioetanol es la ampliación del corte. El proyecto contempla un 6% correspondiente al bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% proveniente del maíz. A esos porcentajes se sumaría un 3% adicional que quedaría sujeto a competencia para alcanzar un corte total del 15%.
La distribución prevista tiene particular importancia para las provincias azucareras del norte y para las productoras de maíz de la región centro. La preservación del porcentaje correspondiente a la caña de azúcar resulta especialmente relevante para Tucumán, Salta y Jujuy, mientras que la ampliación del corte abre una posibilidad de crecimiento para las zonas productoras de bioetanol de maíz.
En paralelo, el proyecto plantea una modificación integral del funcionamiento del mercado. Se propone crear un mercado electrónico único, público y de acceso abierto para centralizar las operaciones necesarias para cumplir mensualmente con los porcentajes de corte obligatorio.
A través de ese mecanismo, productores y mezcladores podrán presentar ofertas de precios y volúmenes, además de celebrar contratos a término mediante acuerdos entre las partes.
Los precios ofrecidos tendrán como límite la paridad de importación correspondiente al biodiésel o al bioetanol. Ese valor será calculado y publicado por un organismo independiente a partir de información proveniente de fuentes reconocidas internacionalmente.
La iniciativa también contempla que las refinadoras puedan computar dentro del corte obligatorio las materias primas de origen no fósil incorporadas mediante procesos de coprocesamiento. Esta alternativa podría comenzar a utilizarse 12 meses después de la entrada en vigencia del régimen, con un límite del 1% hasta fines de 2028, del 2% en 2029 y del 3% en 2030.
En materia de comercio exterior, los biocombustibles destinados a cumplir con los cortes obligatorios deberán ser producidos inicialmente en plantas instaladas en el país y a partir de materias primas nacionales.
Sin embargo, la Secretaría de Energía podrá autorizar importaciones cuando exista escasez en el mercado interno o cuando el precio de paridad del producto extranjero, o de su materia prima, sea inferior al ofrecido por los productores nacionales. Las importaciones destinadas a mezclas que superen los porcentajes obligatorios quedarían liberadas.
El proyecto también amplía el alcance de la definición de biocombustibles para incorporar productos elaborados a partir de residuos orgánicos y combustibles sintéticos obtenidos mediante agua, dióxido de carbono y electricidad de fuentes renovables.
Además, incluye previsiones para el desarrollo de biogás, biometano, diésel renovable, combustible sostenible de aviación —SAF o biojet— y biobunker.
La propuesta permite también comercializar combustibles con porcentajes superiores a los mínimos obligatorios, habilita la circulación de vehículos flex fuel y contempla la instalación de surtidores adicionales para esas mezclas. El biometano podrá ser inyectado en los gasoductos, mientras que su comercialización y la del combustible sostenible de aviación se realizarán libremente y sin porcentajes obligatorios.
Por último, los biocombustibles que cuenten con la correspondiente habilitación continuarán exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono en todas las etapas de producción, distribución y comercialización. En el caso de las mezclas, esos impuestos se aplicarán únicamente sobre el componente fósil.
La discusión en el Senado se concentra ahora en cerrar el esquema de participación del biodiésel y definir si existe consenso suficiente para avanzar con un dictamen único. El objetivo del oficialismo es completar el tratamiento en comisión y llegar con el proyecto al recinto el 10 de septiembre.
