El funcionario evitó anticipar el contenido del mensaje presidencial, luego de que Milei pidiera a sus ministros que no adelantaran detalles del anuncio durante la última reunión de gabinete. La decisión mantiene bajo reserva los principales aspectos del discurso que brindará el mandatario.
Al referirse específicamente a la cuestión Malvinas, Quirno sostuvo que “las Malvinas son argentinas” y remarcó que el Estado tiene “la obligación y la responsabilidad de defender nuestros intereses” en el archipiélago. En ese sentido, planteó que el reclamo de soberanía requiere una política diplomática sostenida y acompañada por acciones concretas.
El canciller también cuestionó las decisiones adoptadas de manera unilateral por el Reino Unido en las islas y afirmó que la Argentina no solo las rechaza, sino que las repudia. Según explicó, el objetivo del Gobierno es utilizar todas las herramientas disponibles para defender los intereses argentinos y avanzar hacia la recuperación de la soberanía.
En ese marco, uno de los puntos que adquiere relevancia es el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en las proximidades de las islas. En los últimos años se confirmó la existencia de importantes recursos petroleros en la zona y avanzaron proyectos destinados a su explotación.
Entre ellos se encuentra el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago. El proyecto está a cargo de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que participan con el 65% y el 35%, respectivamente. La previsión es comenzar la producción de petróleo en 2028.
El avance de este proyecto se produjo pese al rechazo de la Argentina, que sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en esa zona son ilegítimas al desarrollarse sin autorización de las autoridades nacionales.
El Estado argentino ya adoptó medidas contra las empresas involucradas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus operaciones fueron consideradas ilegales en 2012, mientras que en 2013 recibió una inhabilitación por 20 años. En el caso de Navitas, la sanción fue aplicada mediante una resolución de la Secretaría de Energía en 2022.
La posición oficial también fue expresada por Milei en abril de este año, cuando aseguró que la Argentina utilizaría “todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger sus derechos y defender sus intereses sobre la cuestión Malvinas.
La Cancillería mantiene además la postura de que no reconoce las autorizaciones emitidas por las autoridades británicas de las islas para la exploración o explotación de hidrocarburos en las áreas en disputa.
En septiembre de 2025, el Gobierno había notificado a Navitas que sus actividades podían quedar alcanzadas por acciones legales, administrativas y judiciales y le había solicitado que se abstuviera de financiar o participar en el desarrollo del proyecto.
Posteriormente, en diciembre, la advertencia fue ampliada. La Cancillería señaló que las posibles consecuencias legales no alcanzarían únicamente a las compañías petroleras, sino también a personas y empresas, tanto nacionales como extranjeras, que participen directa o indirectamente en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las zonas en disputa.
La advertencia incluye también a entidades financieras, proveedores de servicios y compañías aseguradoras que tengan participación o vinculación con el proyecto.
En este escenario, las declaraciones de Quirno se producen a pocas horas del mensaje de Milei, cuyo contenido el Gobierno mantiene bajo reserva. El canciller, sin adelantar los detalles del anuncio, volvió a plantear que la recuperación de la soberanía sobre las islas constituye un objetivo para el Estado argentino y que la estrategia debe sostenerse mediante acciones diplomáticas concretas.
