La primera investigación se originó a partir de una fiscalización a Brenda Silvana Quiroga Quintero, prestadora de servicios agropecuarios en Carnerillo. Durante el análisis de 1.279 compras declaradas entre enero de 2021 y mayo de 2025, el organismo encontró comprobantes repetidos, facturas mellizas y documentos emitidos desde puntos de venta inexistentes o no habilitados.
Según la hipótesis de ARCA, estas maniobras habrían permitido registrar compras ficticias para generar créditos fiscales y reducir el monto del IVA a pagar. El total de créditos cuestionados asciende a $170.874.069,23, de los cuales aproximadamente $115,4 millones corresponden a la contribuyente sobre la que se inició la fiscalización.
La revisión también incluyó a Mariano Yamil Quiroga y Juana Petrona Quintero, quienes mantienen vínculos familiares y económicos con la investigada. Uno de los elementos que llamó la atención de los inspectores fue que comprobantes atribuidos a distintos proveedores habrían sido confeccionados desde una misma dirección IP, lo que abrió la sospecha sobre una posible estructura dedicada a generar y distribuir documentación fiscal irregular entre distintos contribuyentes.
Ante estos indicios, ARCA presentó los resultados ante la Fiscalía Federal y solicitó medidas para determinar quiénes habrían intervenido en la operatoria. El 19 de junio de 2026, la Justicia Federal de Río Cuarto dispuso cerca de 20 allanamientos en esa ciudad, Carnerillo y la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Rodolfo Cabanillas y ordenados por el juez Carlos Arturo Ochoa. Durante los operativos se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. No obstante, la información disponible no permite establecer que la totalidad de esos procedimientos estuviera vinculada de manera directa con los contribuyentes mencionados en el informe fiscal.
El segundo expediente involucra a Ammiraglia SRL y sus operaciones con Centro de Negocios SRL, dedicada a la comercialización de materiales para la construcción. ARCA analizó presupuestos por $118,8 millones, mientras que las compras declaradas por Ammiraglia a ese proveedor alcanzaban los $31,7 millones netos gravados. A su vez, el organismo detectó registros internos de ventas de materiales por aproximadamente $21,3 millones.
Las diferencias entre los montos documentados y las operaciones registradas despertaron sospechas sobre una posible actividad comercial no declarada. Sin embargo, los presupuestos no acreditan por sí mismos que las transacciones se hayan concretado, por lo que todavía debe determinarse qué operaciones efectivamente se realizaron y cómo fueron asentadas en los registros fiscales.
La fiscalización también se extendió a AMMI SAS, el Fideicomiso Buena Vista II y otras estructuras relacionadas con proyectos inmobiliarios. Además, ARCA examinó información patrimonial y financiera de Leandro Ariel y Guillermo José Ammiraglia, a partir de la cual planteó posibles inconsistencias patrimoniales y eventuales maniobras de ocultamiento de activos.
Entre las hipótesis que busca esclarecer el organismo figuran presunta evasión tributaria, incrementos patrimoniales sin justificación y posibles delitos relacionados con lavado de activos, asociación ilícita y empleo no registrado.
La causa, impulsada por la fiscal Virginia Carmona y bajo la intervención del juez federal Sergio Pinto, incluyó medidas de investigación como intervenciones telefónicas y análisis de movimientos financieros y tributarios. También se realizaron procedimientos en escribanías, estudios contables, inmobiliarias, estudios de arquitectura y una sucursal de cajas de seguridad en Justiniano Posse, en el marco de las actuaciones destinadas a determinar el alcance de las presuntas irregularidades.