Los querellantes argumentaron que el hundimiento fue resultado de una serie de decisiones, omisiones y negligencias que lo hicieron “previsible”.
“No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”, afirmaron desde la querella mientras solicitaban condenas para los acusados.
Durante sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias pidieron la máxima pena para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, a quienes consideran responsables clave en las decisiones que llevaron a la tragedia.
“Porque la memoria es un deber, la justicia una obligación, y la verdad un derecho, pedimos condenas”, expresaron las letradas ante el tribunal presidido por el juez Mario Reynaldi.
En sus intervenciones, se reiteró la hipótesis de que el hundimiento no fue un accidente ni producto de las condiciones climáticas, sino de decisiones tomadas dentro de la cadena de mando.
La querella subrayó que los acusados tenían conocimiento de las limitaciones operativas y los problemas del submarino, pero permitieron que continuara navegando sin adoptar las medidas que podrían haber prevenido el desastre.
Remarcaron que la tragedia era “previsible” y criticaron la actuación de los mandos tras el reporte de la avería por ingreso de agua que sufrió la nave en su última misión.
Las abogadas indicaron que no se impartieron órdenes claras para mantener la embarcación en superficie y que no se activaron los mecanismos de asistencia necesarios ante una emergencia.
La querella se alineó en gran medida con la hipótesis presentada por la fiscalía, la cual también señaló la existencia de decisiones imprudentes y omisiones funcionales que condujeron al hundimiento. La fiscalía había pedido cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, cuatro años para Héctor Alonso y tres años y medio para Hugo Correa.
En su alegato, Carreras y Arias enfatizaron que el juicio permitió reconstruir el funcionamiento de la cadena de mando naval y expuso una serie de incumplimientos que dejaron a la tripulación en una situación vulnerable.
“Los 44 murieron porque hubo personas que no hicieron lo que debían hacer”, fue una de las contundentes afirmaciones de la querella al solicitar las condenas.
En la misma jornada, Luis Tagliapietra, otro de los querellantes, presentará su alegato. Posteriormente, será el turno de las defensas, y se prevé que el veredicto llegue en las próximas semanas, casi nueve años después de la tragedia que impactó al país y que se considera una de las mayores catástrofes de la historia naval argentina.
