La decisión de Vialidad Nacional de no continuar con la acción civil llevó a la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal a aceptar la caducidad de la instancia y dar por terminado el juicio. Sin embargo, el organismo estatal presentó un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir esa resolución.
La causa había sido iniciada durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados. Tras la decisión de la Cámara, los abogados de quienes fueron acusados y posteriormente absueltos solicitaron que se determinaran los honorarios correspondientes por su intervención en el expediente.
El trámite para establecer esos montos quedó suspendido el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema defina si mantiene o revierte la decisión que permitió al Estado desistir de continuar con el juicio civil.
En ese contexto, el 4 de agosto, los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para solicitar que se avance con el cobro de sus honorarios. En su planteo, sostuvieron que la demora configuraba una situación de “privación de justicia”.
El monto individual más elevado corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, quien representó a Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez. Por su actuación, debería percibir aproximadamente 3.714 millones de pesos, unos 2,42 millones de dólares. A esa suma se agrega un 40% adicional por su desempeño como apoderado.
En total, los honorarios reclamados corresponden a doce abogados y alcanzan aproximadamente los 13.614 millones de pesos. Al tipo de cambio mencionado en el expediente, la cifra representa cerca de 10 millones de dólares, con Arce Aggeo como el profesional que concentra el mayor monto.
