En Argentina hay alrededor de 4,8 millones de monotributistas. De ese total, unos 2,8 millones son activos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mientras que los restantes son jubilados o no tienen obligación de realizar aportes. Entre los activos, aproximadamente 2,2 millones realizan contribuciones previsionales.
La mayor parte de los contribuyentes se concentra en las categorías inferiores. El 55% de los monotributistas activos pertenece a la categoría A, mientras que las categorías A, B y C reúnen en conjunto al 78%.
La cuota mensual incluye tres componentes: el impositivo, que reemplaza el pago de IVA y Ganancias; el previsional, que computa los años de servicio para acceder a beneficios del SIPA; y el correspondiente a la cobertura de salud mediante una obra social. El monto no surge de aplicar una alícuota directamente sobre la facturación, sino que se determina a partir de categorías que van de la A a la K y que contemplan parámetros como los ingresos brutos, la superficie utilizada para desarrollar la actividad y el consumo de energía eléctrica.
El componente previsional es el que marca la principal diferencia respecto de otros trabajadores. En las categorías A a G representa entre el 3,6% y el 1% de los ingresos, mientras que para un asalariado formal el aporte personal alcanza el 11%. En las categorías más altas, la brecha se reduce por el tope vigente para los aportes de los trabajadores en relación de dependencia. En la categoría K, por ejemplo, el aporte previsional equivale al 1,6% de los ingresos del monotributista, frente al 6% de un asalariado con ingresos similares.
Si se toma el aporte personal promedio, la diferencia también resulta marcada: representa el 11% para los asalariados formales, el 5% para los autónomos y apenas el 1,1% para los monotributistas.
El nivel de aportes también tiene impacto sobre la recaudación previsional. En 2026, las contribuciones totales del Monotributo representaron el 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB). El máximo de la serie analizada se había registrado en 2012, con el 0,22%, mientras que el mínimo fue de 0,07% en 2023.
El análisis identifica dos factores detrás de esta diferencia. Por un lado, los importes establecidos para cada categoría son relativamente bajos en comparación con los aportes de asalariados y autónomos con ingresos similares. Por otro, existe una fuerte concentración en los niveles inferiores del régimen, situación que en determinados casos podría estar relacionada con la falta de declaración de una parte de los ingresos.
Para medir las consecuencias de los actuales niveles de contribución, se realizó una simulación sobre el capital que podría acumular un monotributista durante su vida laboral si sus aportes fueran depositados en un fondo individual. Se contemplaron períodos de 10, 20, 30 y 40 años y distintas categorías del régimen.
El ejercicio también incorporó diferencias según sexo y expectativa de vida. Para los hombres se consideró una jubilación a los 65 años y una supervivencia posterior de 15,9 años. Para las mujeres se utilizó una edad de retiro de 60 años y una expectativa de vida posterior de 23,8 años. Además, para los hombres se contempló un escenario en el que, luego de su fallecimiento, una cónyuge percibiera una pensión durante 12,3 años.
La simulación fue realizada bajo dos hipótesis de rendimiento. En una, los fondos conservan su valor frente a la inflación. En la otra, obtienen una rentabilidad anual equivalente a dos puntos porcentuales por encima de la inflación.
Con el primer supuesto, incluso 40 años de aportes no permitirían acumular fondos suficientes para financiar una jubilación mínima. Para la comparación se tomó un haber mínimo de $489.776 correspondiente a agosto, incluido un bono de $70.000.
Las diferencias son especialmente amplias en las categorías inferiores. Un hombre que permanezca en la categoría A durante 30 años podría financiar una renta vitalicia equivalente al 7% de una jubilación mínima. Con 40 años de aportes, alcanzaría el 9%. Si además debiera dejar una pensión a su cónyuge, el capital acumulado permitiría cubrir apenas el 5% del haber mínimo.
En el caso de las mujeres de la categoría A, el resultado sería todavía menor debido a la combinación entre una edad de retiro más temprana y una mayor expectativa de vida. Con 30 años de contribuciones podrían financiar el equivalente al 4% de una jubilación mínima, mientras que con 40 años llegarían al 6%.
El panorama mejora a medida que aumentan las categorías, aunque tampoco alcanza para cubrir el haber mínimo cuando los fondos solamente mantienen su valor frente a la inflación. En la categoría K, la más alta del régimen, un hombre con 30 años de aportes podría financiar el 56% de la jubilación mínima y con 40 años llegaría al 75%. Si el cálculo contempla además una pensión para su cónyuge, el resultado se reduciría al 41%.
Para las mujeres de la categoría K, la renta equivalente alcanzaría al 38% del haber mínimo después de 30 años de aportes y al 50% después de 40 años.
El mismo ejercicio fue comparado con la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor utilizado fue de $405.821 en agosto, incluyendo el bono de $70.000. Bajo el supuesto de que los fondos únicamente mantienen su valor frente a la inflación, el capital acumulado tampoco permitiría financiar una PUAM completa después de 40 años de aportes en ninguna categoría, tanto para hombres como para mujeres y con independencia de que exista o no una pensión para el cónyuge.
El resultado cambia cuando se incorpora una rentabilidad real del 2% anual. En ese escenario, algunos casos correspondientes a la categoría K permitirían alcanzar o incluso superar el valor de una jubilación mínima. Un hombre con 40 años de aportes podría financiar una renta equivalente al 138% del haber mínimo. Si además debiera dejar una pensión a su cónyuge, el porcentaje sería del 105%. Para una mujer de la misma categoría y con cuatro décadas de contribuciones, el cálculo llegaría al 99% del haber mínimo.
El análisis también calculó cuánto deberían aumentar los aportes para que, bajo una rentabilidad real anual del 2%, fuera posible financiar una jubilación mínima después de 40 años de actividad.
En la categoría A, una mujer que permaneciera durante cuatro décadas en ese nivel debería elevar su aporte mensual un 778%, desde $18.247 hasta $160.298. Para un hombre que dejara una pensión a su cónyuge, el incremento necesario sería del 725%, con un aporte que pasaría de $18.247 a $150.600 mensuales.
Actualmente, los monotributistas que realizan aportes al SIPA representan una recaudación equivalente al 0,04% del PIB. Si las contribuciones de cada categoría se elevaran hasta alcanzar el nivel necesario para que un trabajador con 40 años de actividad reuniera los fondos suficientes bajo una rentabilidad real del 2%, la recaudación llegaría al 0,27% del PIB.
Entre las alternativas analizadas aparece un eventual esquema de carácter nocional. Bajo ese sistema, el Estado registraría los aportes realizados por cada trabajador a lo largo de su vida laboral y les reconocería un rendimiento, como mínimo equivalente a la inflación. Al momento de la jubilación, el beneficio se determinaría en función del fondo acumulado y de los rendimientos reconocidos, en lugar de tomar como referencia los salarios o ingresos obtenidos durante los últimos años de actividad.
