Los gobernadores de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz han elevado una solicitud formal al Congreso de la Nación para el tratamiento «urgente» de la Ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias programado para febrero. Los mandatarios patagónicos coincidieron en destacar la severidad de la coyuntura que atraviesa la región, marcada por la recurrencia de incendios forestales de gran magnitud.
Según se sabe, los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) mantuvieron una reunión virtual para coordinar la propuesta, la cual aspiran a incorporar a la agenda legislativa de febrero.
Dimensiones de la crisis
Durante el encuentro, se cuantificaron las afectaciones, señalando que en los últimos meses se han consumido más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén y 700 en Santa Cruz, totalizando cerca de 230.000 hectáreas damnificadas en la región.
Si bien el conjunto de gobernadores reconoció y agradeció la colaboración con el Gobierno Nacional, canalizada a través del Sistema Nacional del Manejo de Fuego, enfatizaron que la magnitud de los siniestros y los efectos de la crisis climática exigen la asignación de mayores recursos y herramientas de carácter extraordinario. Adicionalmente, manifestaron preocupación y elevaron una petición de asistencia para las comunidades y áreas productivas damnificadas.
La persistencia patagónica en la iniciativa
En este marco, los gobernadores informaron haber tomado contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le comunicaron su firme intención de impulsar la inclusión de la Ley de Emergencia Ígnea en el temario de las sesiones extraordinarias que darán comienzo el próximo 2 de febrero.
El proyecto de ley contempla la liberación de fondos extraordinarios, la agilización de la incorporación de medios aéreos y equipamiento, la provisión de asistencia directa a las poblaciones afectadas, el fortalecimiento de la coordinación interjurisdiccional (Nación-provincias) y la planificación de una respuesta integral frente a los incendios y sus potenciales secuelas. Dicha solicitud se fundamenta, además, en el punto del Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, el cual destina 20.131 millones de pesos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que representa una disminución interanual del 53,6% de sus recursos.
