El eje de la discusión radica en la extensión de dicho requisito. El texto establece que un mínimo del 20% de las compras deberá realizarse a empresas locales, sin especificar una diferencia clara entre bienes y servicios. Para la Unión Industrial Argentina (UIA), esta redacción podría diluir el impacto en la producción manufacturera, ya que una fracción considerable de este porcentaje podría cumplirse mediante contrataciones que de por sí se realizan en el país, como obras o servicios.
La inclusión del cupo representó un avance significativo respecto a la propuesta inicial. Según comentó la directora ejecutiva de la UIA, Laura Bermúdez, el proyecto presentado para discusión no consideraba ningún porcentaje mínimo destinado a la producción nacional. La modificación surgió durante el análisis en las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que emitieron dictamen mayoritario esta semana.
Desde la entidad industrial señalaron este progreso, aunque enfatizaron que aún buscarán ajustes antes del tratamiento en el recinto. Su objetivo principal es que el porcentaje obligatorio esté específicamente reservado para bienes con valor agregado local.
“El problema es que al no restringir este 20% a bienes, el porcentaje termina siendo absorbido por servicios, los cuales debían contratarse localmente de todos modos. Para fomentar la integración local y el desarrollo de proveedores, necesitamos que ese 20% se limite a bienes. Nuestro principal pedido es ese, especialmente porque existe capacidad industrial y oferta”, enfatizó Bermúdez.
La postura de la UIA fue reafirmada en una exposición ante la Comisión de Industria de Diputados durante el debate del proyecto. En dicha presentación, la entidad argumentó que los beneficios previstos inicialmente para proveedores locales dentro del Súper RIGI eran considerablemente inferiores a los establecidos en el RIGI, por lo cual era necesario avanzar hacia un esquema que impulse de manera más efectiva el desarrollo de cadenas de valor. Finalmente, los diputados acogieron la sugerencia e incluyeron el 20% solicitado, aunque sin distinciones claras.
Entre los argumentos presentados, la organización destacó que la experiencia del RIGI mostró limitaciones para fomentar la integración de proveedores nacionales. Explicaron que una parte significativa de la inversión asignada pudo cubrirse mediante gastos relacionados con obras o servicios, sin generar necesariamente demanda para productos elaborados por la industria local.
La entidad también cuestionó otro aspecto del régimen actual. Según la UIA, existe un mecanismo que permite reemplazar una parte de las compras dirigidas a proveedores nacionales por insumos o bienes finales importados. Desde su perspectiva, esta posibilidad disminuye el impacto que las inversiones pueden tener sobre la estructura productiva de Argentina.
Por este motivo, la propuesta presentada por la central fabril busca replicar el porcentaje mínimo obligatorio del 20%, pero con una aplicación específica sobre bienes que incorporen valor agregado local. Además, sugiere un aumento gradual de este cupo a lo largo de las fases de inversión y operación de los proyectos.
La UIA argumentó que muchas actividades relacionadas con minería, energía e infraestructura son relativamente nuevas en el país y que una mayor participación de empresas nacionales podría favorecer el desarrollo de proveedores a medida que crezca la demanda.
Otro aspecto de la propuesta se vincula a los mecanismos de control. La entidad solicitó que la autoridad de aplicación defina reglas claras junto con el sector privado para verificar la disponibilidad de oferta local y determinar si las empresas argentinas están en condiciones de competir en términos de precio y calidad. “Es fundamental que haya, al menos, una verificación de la disponibilidad de oferta local. Establecer reglas claras es crucial”, afirmó Bermúdez.
La preocupación de la industria ganó mayor visibilidad a raíz de un episodio reciente relacionado con el proyecto minero Vicuña. Este caso fue mencionado repetidamente durante las discusiones del sector, ya que expuso una situación que los fabricantes consideran representativa de los desafíos que enfrentan para participar en grandes emprendimientos.
La controversia surgió por la decisión de importar desde China campamentos modulares destinados a alojar a miles de trabajadores vinculados al desarrollo minero. Según fuentes del sector, solo una empresa argentina participó en el proceso de licitación, a pesar de que existen fabricantes locales que producen este tipo de estructuras. Para la UIA, el incidente representa una señal de alerta sobre cómo podrían llevarse a cabo futuras contrataciones si no se establecen criterios más precisos para la integración de proveedores nacionales.
La directora ejecutiva de la entidad aseguró que hay empresas argentinas con experiencia en la fabricación de módulos habitacionales y que algunas de ellas ya abastecen proyectos energéticos. Además, argumentó que la discusión no debería limitarse únicamente a una comparación de precios. “No hay una gran diferencia en precios. Además, se gana en rapidez, ya que están cerca en caso de que surja algún problema, como servicio posventa”, indicó.
La cercanía geográfica, según sostienen desde la entidad, permite resolver problemas operativos más rápidamente y facilita las tareas de mantenimiento. También subrayan que los proveedores locales tienen una mejor capacidad para adaptar productos a las necesidades específicas de cada proyecto. Bermúdez además remarcó que existen antecedentes de campamentos importados que tuvieron dificultades operativas en el sur del país. “Es complicado que estos campamentos que se van a importar realmente funcionen como se pretende porque la instalación es compleja. Ya hay experiencias en el sur de campamentos importados que no cumplieron su función”, afirmó.
El crecimiento del sector minero representa una oportunidad significativa para aumentar la participación de empresas nacionales en las cadenas de abastecimiento vinculadas a grandes inversiones, abarcando desde fabricantes de maquinaria hasta empresas textiles, productores de calzado y compañías especializadas en construcciones modulares, entre otros. “Desde la UIA estamos impulsando que las industrias obtengan las certificaciones necesarias para poder cumplir con los estándares e integrarse a estos procesos. Todo nuestro entramado productivo debe alinearse con esta demanda. La oportunidad en minería es muy grande”, concluyó.
Para la entidad, el debate actual es especialmente relevante porque gran parte de los proyectos aún se encuentra en fases preliminares y las principales contrataciones no se han iniciado.
