La propuesta establece penas de “uno a tres años de prisión” para quienes “denuncien ante la autoridad a una persona, determinada o indeterminada, por la comisión de un delito, a sabiendas de la falsedad de la denuncia”. Además, “si la denuncia falsa se refiere a delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad o delitos contra la integridad sexual, la pena será de tres a seis años de prisión”.
Por otro lado, la iniciativa prevé una pena de “uno a cuatro años” para el “testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o niegue o oculte la verdad, en su declaración, informe, traducción o interpretación frente a la autoridad competente”. También se añade que “si el falso testimonio ocurre en una causa penal en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de prisión; salvo en causas por delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad o delitos contra la integridad sexual, que tendrán un mínimo de tres años de reclusión”. En todos los casos, se impondrá al delincuente inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
A partir de las firmas recolectadas por la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, el apoyo a la medida parece ser considerable. Entre quienes respaldan el despacho se encuentran miembros de los libertarios, radicales, el renovador Carlos Arce de Misiones, la macrista Victoria Huala de La Pampa, la fluctuante Elena Gadano de Moveré en Santa Cruz, y la peronista Sandra Mendoza, quien se ha distanciado del kirchnerismo, entre otros. Durante diferentes eventos de promoción de la ley, algunos testimonios han sido sorprendentes.
Si se contara con el apoyo de todos estos sectores, los votos serían suficientes. Sin embargo, hay desaliento en varias bancada aliadas. “Se ha repetido el camino de un dictamen apresurado y mal elaborado, casi por capricho. Preferiría no estar en una sesión de este tipo”, confió una senadora.
“En todo caso, debería incorporarse al nuevo Código Penal y, además, estar mejor redactada”, manifestó un legislador del bloque dialoguista. También se han expresado preocupaciones de otros observadores de la Cámara Alta, quienes sugieren “frenar” el estudio de un texto “muy poco sólido”. Con estos desafíos, quienes defienden el proyecto deberán calcular cuidadosamente si realmente se tiene apoyo suficiente para su aprobación. Desde ya, se conoce la postura de algunos sectores en desacuerdo.
