El planteo se produjo después de cuestionamientos formulados por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y derivó en una serie de cruces entre dirigentes de distintos espacios políticos. Ramírez sostuvo que la urbanización de villas no alcanzó los resultados esperados y defendió una propuesta de su bloque para reformar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
La legisladora planteó que durante décadas se destinaron recursos públicos a los barrios populares sin resolver las condiciones estructurales de esos lugares. Según su posición, la continuidad de las villas pese a las inversiones realizadas demuestra el agotamiento del modelo. También propuso avanzar hacia un esquema con mayor participación de la propiedad privada y una menor intervención estatal.
Sus declaraciones fueron cuestionadas por Horacio Rodríguez Larreta, quien defendió las políticas de urbanización desarrolladas durante su gestión al frente del Gobierno porteño. El exjefe de Gobierno sostuvo que las intervenciones realizadas en barrios como la Villa 31, Rodrigo Bueno y Fraga permitieron mejorar distintos indicadores y avanzar sobre problemas que durante décadas habían sido postergados.
Rodríguez Larreta también cuestionó qué alternativa propone el espacio libertario frente a la situación habitacional de los barrios populares y rechazó la idea de que la urbanización pueda considerarse un fracaso por el solo hecho de que esos asentamientos continúen existiendo.
Ramírez respondió que el problema está precisamente en haber convertido la urbanización en una política permanente sin modificar las condiciones estructurales de los barrios. Como ejemplo, mencionó la inversión realizada en la Villa 31 y sostuvo que, pese a los recursos destinados a calles, escuelas y otras obras, el barrio mantiene características de villa.
En defensa de las intervenciones realizadas, María Migliore, quien estuvo a cargo del área de Desarrollo Social durante la gestión de Rodríguez Larreta, detalló distintas obras ejecutadas en la Villa 31. Entre ellas mencionó la ampliación de la red de agua, infraestructura eléctrica, un polo educativo de 26.000 metros cuadrados, mejoras habitacionales, pavimentación, plazas y alumbrado público.
Migliore también sostuvo que las intervenciones permitieron reducir el delito, ampliar el acceso a la educación y disminuir los problemas vinculados con las inundaciones. Desde esa perspectiva, cuestionó que los recursos destinados durante años a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares sean considerados un desperdicio.
Rodríguez Larreta agregó otro argumento en defensa del modelo aplicado: señaló que la valorización de terrenos públicos vinculada con la urbanización de la Villa 31 permitió financiar parte de las obras realizadas.
La discusión también alcanzó a otros dirigentes porteños. La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri cuestionó la posición de Ramírez y señaló que sus planteos sobre la intervención estatal en distintos sectores de la Ciudad no resultarían consistentes entre sí.
Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro también defendió las políticas de integración urbana. Señaló que las intervenciones no se limitaron a la construcción de viviendas, sino que incluyeron apertura de calles, redes de agua, cloacas y electricidad, espacios públicos y establecimientos educativos.
El debate encuentra además elementos en los datos sobre la evolución habitacional de los barrios vulnerables. Un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), que analizó el período comprendido entre 2001 y 2022, registró una reducción de la proporción de viviendas precarias, que pasó del 28,2% al 10,9%.
El mismo relevamiento mostró un incremento en la proporción de departamentos dentro de estos barrios, del 5,1% al 17,2%, en el período analizado.
Sin embargo, persisten problemas habitacionales. De acuerdo con datos citados en el debate, el 17,4% de los hogares ubicados en villas presenta necesidades básicas insatisfechas, mientras que el 5% se encuentra en condiciones de hacinamiento crítico. También se señala que el 62% de los hogares ocupa viviendas construidas con materiales considerados deficientes.
En materia de servicios, los niveles de acceso al agua potable y las cloacas se ubican entre el 89% y el 95%, aunque también existen advertencias sobre la calidad y seguridad de esas prestaciones. Además, el 79% de los hogares continúa utilizando garrafas de gas para cocinar.
El Gobierno porteño también modificó su orientación sobre el destino de los recursos. A comienzos de año, Jorge Macri anunció que la Ciudad dejaría de priorizar la construcción de viviendas gratuitas en villas y asentamientos y que buscaría redireccionar fondos hacia créditos hipotecarios destinados a sectores de clase media.
La discusión sobre el modelo de urbanización queda así atravesada por dos posiciones políticas diferentes: una que reivindica las obras de infraestructura y la integración de los barrios populares como una política estatal y otra que cuestiona los resultados obtenidos después de años de inversión y propone modificar el esquema de intervención pública.
