El sector supermercadista ha llevado años enfatizando esta situación. Durante sus encuentros con el ministro de Economía, Luis Caputo, los empresarios han reiterado esta preocupación, como ocurrió en la reciente reunión de la semana pasada, donde el Gobierno les comunicó avances sobre un plan para abordar la informalidad en el sector.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que agrupa a las principales cadenas, había propuesto al Gobierno implementar un modelo similar al que utilizó la administración porteña en 2019 bajo la dirección de Andrés Ballotta en la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP). En aquella ocasión, el objetivo era incrementar la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos y combatir la evasión, que prevalecía principalmente entre los supermercados de proximidad, en su mayoría gestionados por ciudadanos de origen chino. En ese momento, se estimó que la subdeclaración de impuestos superaba el 50% en ese sector.
El enfoque consistía en que era la Ciudad la que definía el monto que debían abonar los comercios en concepto de Ingresos Brutos, en lugar de depender de la declaración del contribuyente. Este tipo de mecanismo, que ya se aplica en otros países, permite calcular la facturación del establecimiento y determinar automáticamente su carga tributaria en función de varios indicadores.
Los supermercadistas han recordado el éxito de este plan y han estado solicitando su implementación a nivel nacional. Fuentes oficiales y del sector revelaron que este tema se discutió en la reunión con Caputo, y que el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, compartió que se están preparando pruebas piloto del modelo.
El nuevo esquema, similar al aplicado en la Ciudad en 2019, utilizará métodos de estimación basados en la producción y venta de cada artículo, información accesible a través de los grandes proveedores. Así, se calculará cuánto debería venderse por metro cuadrado de acuerdo con la cantidad de comercios en un área determinada. Los impuestos se cobrarán con base en este cálculo, permitiendo que los contribuyentes que no estén de acuerdo deban justificarlo mostrando sus libros de cuentas.
“Los grandes proveedores registran todas sus ventas, por lo que cuentan con los remitos de compra necesarios. ARCA puede cruzar la información y verificar si lo que dice el contribuyente es correcto”, señaló una fuente del sector retail.
Lavigne confirmó a los supermercadistas que se están llevando a cabo pruebas y solo restan ajustar algunos detalles del sistema con ARCA. “Esto ha sido planteado desde hace tiempo, pero este es el primer gobierno que se lo ha tomado en serio”, afirmaron los representantes del sector. Añadieron que existe una decisión política clara de ampliar la base de contribuyentes, y que los métodos de estimación tienden a ser bastante efectivos, con alta precisión.
Estiman que la irregularidad en el sector ronda entre el 50% y el 60%, basándose en datos que las grandes cadenas de supermercados detectan durante sus recorridos por otros comercios cercanos. Es común encontrar precios de productos de marcas reconocidas por debajo de su costo en góndola, o que al llegar a la caja no se emita el ticket correspondiente. Estas y otras señales indican que muchas ventas podrían no estar declaradas.
“Identificamos una cantidad de puntos críticos en la cadena de distribución. Obtienen productos a través de canales formales y luego los distribuyen en mercados informales”, señalaron las fuentes.
