La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la decisión busca poner fin a una situación que, según afirmó, representaba una carga para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los extranjeros que no puedan acreditar residencia permanente deberán contar con un seguro de salud válido que cubra la prestación o abonar el costo correspondiente antes de recibir atención médica.
En los casos en que el paciente no cuente con cobertura médica o esta resulte insuficiente, el hospital podrá exigir el pago previo del servicio. La medida contempla una excepción para las situaciones de emergencia, en las que la atención continuará estando garantizada cuando exista riesgo de vida.
Ravier señaló que la nueva normativa establece que los pacientes extranjeros que no sean residentes permanentes deberán contar con cobertura médica o pagar por las prestaciones recibidas en los hospitales públicos nacionales.
El funcionario también vinculó la medida con una política implementada durante 2025, cuando se habilitó a las universidades públicas a establecer aranceles para determinados estudiantes extranjeros.
De esta manera, el Gobierno busca establecer un esquema diferenciado de acceso al sistema público de salud según la condición de residencia y la existencia de cobertura médica, manteniendo la atención de emergencia independientemente de la situación migratoria del paciente.
