La iniciativa contempla inicialmente unos 6.000 kilómetros de rutas que serán licitados durante los próximos meses. El esquema podría ampliarse posteriormente hasta alcanzar unos 12.000 kilómetros de caminos concesionados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno propondrá que las nuevas inversiones vinculadas con las rutas tengan una carga impositiva de cero en los distintos niveles del Estado. Según explicó, la medida apunta a generar mayores incentivos, reducir los costos del proceso y acelerar las inversiones en infraestructura.
De aprobarse, las empresas que participen de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas nacionales quedarían alcanzadas por el beneficio. Para que la exención también se aplique sobre tributos provinciales y municipales, será necesario contar con el respaldo de gobernadores e intendentes.
Caputo sostuvo que existe coincidencia con las autoridades provinciales y municipales respecto de la importancia de mejorar la infraestructura vial. Los reclamos por el estado de las rutas nacionales se repiten en distintas jurisdicciones y, en algunos casos, provincias y municipios han recibido tramos de caminos que anteriormente estaban bajo administración nacional debido a la falta de mantenimiento.
La propuesta oficial se conoce en un contexto de fuerte reducción de los recursos destinados a la infraestructura vial. En particular, el ajuste alcanzó a organismos como la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Un análisis sobre la evolución del gasto público señaló que el presupuesto destinado a la DNV alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. Entre 2023 y 2025, las partidas de ambos organismos registraron una reducción real cercana al 70%.
En el caso específico del mantenimiento de rutas nacionales, los recursos pasaron de $826.000 millones en 2023 a $333.000 millones en 2025, medidos en términos reales. Para 2026, la previsión contempla otros $248.000 millones.
También se redujeron los fondos destinados a obras de construcción vial. En este caso, las partidas pasaron de $1,054 billones en 2023 a $265.000 millones en 2025.
La reducción del gasto también tuvo impacto en las jurisdicciones provinciales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el gasto devengado pasó de $468.500 millones en 2023 a $70.200 millones en 2025. También se registraron disminuciones en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
El nuevo esquema de concesiones busca, de esta manera, trasladar parte de las inversiones necesarias en las rutas nacionales al sector privado mediante contratos de explotación y mantenimiento, acompañado por un régimen de beneficios impositivos que el Gobierno deberá someter a consideración del Congreso.
