El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien informó que se reunió con el embajador comercial estadounidense, Jamieson Greer, para firmar el nuevo documento. “El nuevo protocolo facilitará la remisión del ARTI al Congreso Nacional para su aprobación y asegura mayor previsibilidad para las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense”, expresó el funcionario en una publicación en X.
Según la información oficial, el acuerdo original se había negociado bajo un esquema arancelario que posteriormente cambió a raíz de la decisión judicial en Estados Unidos. El fallo puso en cuestión el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que la administración de Trump había utilizado para establecer los aranceles recíprocos. Como consecuencia, Washington debió recurrir a otras herramientas de su legislación comercial, lo que modificó las condiciones sobre las que se había negociado el entendimiento con Argentina.
El cambio no implica que el acuerdo completo haya quedado invalidado, sino que fue necesario ajustar sus disposiciones arancelarias al nuevo marco legal estadounidense. Argentina había obtenido un tratamiento preferencial dentro del esquema impulsado por Trump, por lo que el protocolo busca adecuar ese compromiso a las nuevas condiciones comerciales.
Uno de los puntos centrales del documento es el tratamiento arancelario que Estados Unidos otorgará a los productos argentinos bajo el principio de Nación Más Favorecida (NMF), de acuerdo con su cronograma arancelario. Sin embargo, el compromiso deberá aplicarse de manera compatible con otras normas comerciales estadounidenses, entre ellas las Secciones 232, 201 y 301, que contemplan distintos mecanismos para imponer medidas comerciales.
Esta disposición es relevante para las empresas argentinas porque busca aportar previsibilidad a sus exportaciones, aunque no garantiza que queden exentas de futuros aranceles. Estados Unidos conservará la posibilidad de adoptar medidas adicionales frente a prácticas comerciales desleales, aumentos de las importaciones o cuestiones vinculadas con la seguridad económica y nacional.
La firma del protocolo tampoco significa que el ARTI haya entrado en vigor. El texto establece que comenzará a aplicarse 60 días después de que ambos países intercambien las notificaciones que acrediten la finalización de sus procedimientos legales internos, salvo que acuerden una fecha diferente. Para Argentina, el próximo paso será remitir el acuerdo al Congreso para su tratamiento.
Más allá de los aranceles, el ARTI incluye compromisos en distintas áreas de la relación comercial. Argentina prevé eliminar o automatizar licencias de importación para productos estadounidenses y facilitar el reconocimiento de normas técnicas, certificaciones y procedimientos de evaluación de conformidad de ese país.
El acuerdo también contempla la aceptación de determinadas regulaciones estadounidenses para vehículos y autopartes, junto con una reducción de requisitos regulatorios adicionales. En materia de medicamentos y dispositivos médicos, establece mecanismos para reconocer ciertas autorizaciones y certificaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), con el objetivo de reducir exigencias complementarias para su aprobación local.
En el capítulo de propiedad intelectual, Argentina asumió compromisos relacionados con tratados internacionales sobre patentes y marcas, además de cambios en mecanismos de protección y fiscalización. El entendimiento también apunta a facilitar inversiones estadounidenses en sectores estratégicos, como el cobre, el litio y otros minerales críticos, y a acelerar proyectos que cumplan con los requisitos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En ese marco, el país buscará priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversión en el desarrollo de esos recursos. Por su parte, el acuerdo prevé que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) consideren alternativas de financiamiento para inversiones en sectores críticos de Argentina, de acuerdo con sus respectivas normativas.
El documento incorpora, además, compromisos de cooperación en materia de seguridad económica. Argentina deberá coordinar controles de exportación con Estados Unidos, intercambiar información sobre bienes y tecnologías sensibles y colaborar en cuestiones vinculadas con sanciones y restricciones comerciales.
Asimismo, establece que, cuando Estados Unidos adopte medidas comerciales o fronterizas consideradas necesarias para proteger su seguridad nacional o económica, Argentina deberá implementar medidas similares cuando corresponda.
De esta manera, el protocolo adicional busca adaptar el acuerdo comercial a los cambios legales y arancelarios de Estados Unidos y destrabar su avance hacia el Congreso argentino. Su firma representa un paso previo a la aprobación, pero la entrada en vigor dependerá de que ambos países completen los procedimientos internos previstos.
