Las tensiones involucran a la senadora Patricia Bullrich, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Martín y Eduardo “Lule” Menem, alineados con Karina Milei en la estrategia política. Aunque cada sector tiene responsabilidades definidas, las diferencias sobre cómo negociar con las provincias y construir alianzas electorales dificultan la coordinación interna.
Uno de los principales desacuerdos gira en torno a los acuerdos con los gobernadores para las elecciones de 2027. Bullrich sostiene que el oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios en el Senado para avanzar con la reforma política, mientras que Santilli encabeza las conversaciones con los mandatarios provinciales. Luis Caputo también impulsa los acuerdos desde el área económica, pero los Menem prefieren establecer condiciones más estrictas antes de comprometerse con la suspensión de las PASO.
La intención del oficialismo es destrabar las negociaciones durante las próximas semanas para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027 en Diputados y sancionar la reforma política antes de noviembre. El calendario electoral agrega presión: en septiembre, la Cámara Nacional Electoral solicitó al Congreso que cualquier modificación se apruebe antes del inicio del año electoral.
El debate presupuestario comenzó esta semana en la comisión presidida por Alberto Benegas Lynch, con la expectativa de obtener un dictamen a fines de octubre. El proyecto también funciona como una herramienta de negociación con las provincias en torno a la suspensión de las PASO. Sin embargo, pese al respaldo de algunos legisladores provinciales, La Libertad Avanza todavía no reúne los 37 votos necesarios en el Senado. El PRO y un sector del radicalismo se oponen a la iniciativa, mientras que los gobernadores aliados temen que, después de acompañar al oficialismo, el partido de Milei presente candidatos propios para competir en sus distritos.
Martín Menem defendió una estrategia basada en la afinidad programática antes que en acuerdos electorales circunstanciales. “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuantos gobernantes se nos cruce, pero si queremos que esto dure y perdure, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares”, sostuvo.
En esa línea, Karina Milei busca negociar provincia por provincia, en lugar de alcanzar un acuerdo general con todos los gobernadores aliados, como propone Luis Caputo. La Libertad Avanza pretende presentar candidatos en la mayoría de los distritos y la amplitud de los acuerdos dependerá de si los socios provinciales pueden competir con figuras relevantes o si deben conformarse con candidaturas simbólicas. El respaldo a la suspensión o eliminación de las PASO aparece como una de las condiciones centrales de la negociación.
Las diferencias entre Economía y el ala política también quedaron expuestas durante la discusión del Presupuesto 2027. Uno de los puntos de conflicto fue un capítulo que modificaba el sistema de prestaciones por discapacidad. Bullrich cuestionó públicamente la falta de comunicación interna sobre esos cambios, mientras que Martín y Eduardo Menem y Santilli impulsaron una propuesta alternativa para excluir el capítulo elaborado por Economía y Salud y evitar la prórroga de la emergencia en discapacidad.
A ese frente se suma la disputa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Justicia impuso a Santilli multas diarias de $100.000, equivalentes a cerca de $3 millones mensuales, por el incumplimiento de la norma. Aunque un fallo de la Cámara abrió la posibilidad de suspender las sanciones, el jefe de Gabinete busca llevar a la Mesa Política una alternativa de negociación con las universidades, mientras que Economía se resiste a modificar el equilibrio fiscal.
Las negociaciones con los gobernadores también se cruzan con la discusión sobre el DNU 70/23 y la Ley de Tierras. La Libertad Avanza habría alcanzado un entendimiento con sectores aliados para incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un artículo que deje sin efecto la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el decreto. La maniobra busca evitar un rechazo total de la iniciativa.
Las ausencias de legisladores vinculados a gobernadores aliados complicaron las votaciones. Entre ellas se encontraron las de los radicales jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, además de los diputados santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, vinculados al gobernador Maximiliano Pullaro. Si la modificación se incorpora en la sesión prevista para el 21 de octubre, el proyecto deberá regresar al Senado, donde Bullrich había acordado eliminar el capítulo referido a Tierras. La posibilidad de reabrir esa discusión agrega incertidumbre a las negociaciones.
En paralelo, Bullrich profundizó sus diferencias con otros sectores del oficialismo. La senadora se reunió la semana pasada con Milei para plantear sus desacuerdos y cuestionó públicamente la nominación de la fiscal Susana Pernas para renovar su cargo. Anticipó que votará en contra, pese a que la postulación obtenga dictamen favorable, y defendió su posición con la frase: “Del lado de la gente, siempre”.
En el Ministerio de Justicia interpretaron su postura como una falta de coordinación, ya que, según señalaron, la senadora no había comunicado previamente su rechazo. Las tensiones se repitieron cuando los Menem intentaron impulsar a Nadia Márquez para presidir la comisión encargada de tratar los pliegos judiciales, pero no consiguieron el quórum necesario y la designación quedó pendiente.
La relación entre Bullrich y Karina Milei también atraviesa un momento delicado. La secretaria general de la Presidencia la habría dejado al margen de las negociaciones con aliados por la presidencia de la comisión de Acuerdos, un cargo que algunos consideran que la propia jefa del bloque oficialista aspira a ocupar. Dentro del oficialismo, algunos interpretan que Bullrich busca ganar protagonismo en la negociación de los nombramientos judiciales.
Pese a las diferencias, en la Mesa Política no descartan que la senadora pueda convertirse en una candidata competitiva para 2027. Entre las alternativas que circulan aparecen una eventual candidatura ejecutiva o la posibilidad de integrar una fórmula presidencial, aunque el oficialismo no busca abrir una disputa interna con Milei por la conducción del espacio.
Otro de los protagonistas desplazados de las negociaciones políticas es Santiago Caputo. El asesor presidencial quedó al margen del armado legislativo y de los acuerdos con gobernadores, un proceso que perdió influencia desde 2025, cuando promovió entendimientos con mandatarios provinciales en contraste con la estrategia de Milei y los Menem de presentar listas propias de La Libertad Avanza. Tras el resultado electoral de octubre, las conversaciones con las provincias quedaron principalmente bajo la responsabilidad de Santilli y los primos Menem.
Actualmente, Caputo concentra su actividad en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, elaborado junto con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. La iniciativa ya atravesó cuatro plenarios en Diputados sin conseguir dictamen y no figura en la agenda de la sesión del 21 de octubre. Las objeciones se centran en las facultades que se otorgarían al Poder Ejecutivo, mientras que algunos sectores solo estarían dispuestos a respaldar el capítulo referido a las Islas Malvinas.
“Es un proyecto diseñado para crear un Estado paralelo”, cuestionaron desde un sector del oficialismo, que anticipa dificultades para que la iniciativa avance.
Los aliados de Caputo mantienen su respaldo al proyecto, mientras el asesor aumentó su actividad en redes sociales con publicaciones que vinculan el reclamo argentino por Malvinas con la disputa cultural y geopolítica de Occidente. Milei respaldó una de esas intervenciones con el mensaje “Tomar nota”.
El debate también reavivó las tensiones en torno al islam y las diferencias entre Caputo y el entorno de los Menem, cuya familia tiene raíces sirias y miembros que profesan esa religión. Los cruces no son nuevos y tienen antecedentes en declaraciones públicas que generaron controversia en junio de 2025. Las denuncias del Centro Islámico de la República Argentina contra Daniel Parisini, conocido por sus publicaciones polémicas, volvieron a poner el tema en discusión, mientras Milei expresó su respaldo a Parisini en el contexto del debate sobre la inmigración musulmana.
Con el calendario legislativo y electoral como telón de fondo, el Gobierno enfrenta el desafío de ordenar sus diferencias internas para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma política y los acuerdos provinciales. Aunque persisten las tensiones entre Karina Milei, los Menem, Bullrich y Santiago Caputo, desde la conducción del oficialismo consideran que el antiguo conflicto del denominado “triángulo de hierro” quedó atrás. La evolución de las negociaciones en las próximas semanas permitirá medir hasta qué punto esa disputa continúa condicionando la estrategia política de Milei.
