Entre el material incautado se encontraron registros detallados de los ingresos que recibía y de las personas a quienes les exigía pagos, además de un listado de proveedores y una anotación titulada “El Clan”, en la que aparecen nombres de quienes habrían trabajado para él en el alquiler de propiedades. También se secuestró un cuaderno perteneciente a su pareja, Claudia Insaurralde, con referencias a reuniones, gestiones y sumas de dinero que debía reclamar.
La acusación, impulsada por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, sostiene que Báez habría liderado desde la cárcel una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, la insolvencia fraudulenta y la defraudación. Según el expediente, la estructura habría movilizado aproximadamente 390.880.000 pesos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, una cifra equivalente a unos 980 salarios mínimos, vitales y móviles.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es que, a diferencia de otros esquemas de lavado que recurren a la creación de empresas para introducir dinero de origen ilícito en el circuito formal, la organización habría operado sobre un patrimonio que ya existía y que se encontraba embargado, decomisado o bajo depósito judicial. Se trata de bienes alcanzados por las condenas firmes que pesan sobre Báez en causas como “Ruta del dinero K” y “Vialidad”. Algunos de esos inmuebles incluso ya figuran a nombre de la Corte Suprema de Justicia.
La fiscalía considera que el empresario habría incumplido la incapacidad legal prevista en el artículo 12 del Código Penal, que le impide administrar o disponer de sus bienes mientras cumple una pena unificada de quince años. De acuerdo con la acusación, continuaba impartiendo instrucciones telefónicas desde el penal para mantener en funcionamiento estancias, sociedades y propiedades alquiladas, y así obtener ingresos por fuera del control judicial.
La investigación financiera se inició formalmente a partir de dos expedientes por infracciones a la ley de drogas 23.737. Esas causas permitieron detectar conexiones entre el patrimonio de Báez y economías criminales locales. Entre los elementos que despertaron la atención de los investigadores figuran el uso de un automóvil de su propiedad, que tenía pedido de secuestro, por parte de la pareja de una persona investigada por narcotráfico, y el hallazgo de un camión con documentación apócrifa.
En el allanamiento de la celda, ordenado por la Justicia federal de Río Gallegos y firmado por Claudio Vázquez, los investigadores encontraron documentación clasificada y organizada. En distintos folios, Báez había escrito con fibrón negro los títulos “Listado de proveedores y otros” e “Informes s/cobros y pagos AGRO”, en referencia a Austral Agro, una empresa dedicada a la explotación de campos en Santa Cruz. También había anotaciones identificadas como “Anexo p/Ejecución, acciones del Estudio”, “Propuesta del Estudio”, “Importante” y “Facturación de Viera”.
Entre los papeles apareció una nómina de los alquileres correspondientes a diez estancias del empresario, todas alcanzadas por medidas cautelares, junto con los importes que debían abonar las personas involucradas. Uno de los nombres registrados es el de Cristian Ibáñez, detenido el mismo día que Insaurralde y señalado por la investigación como quien habría encabezado negociaciones en Río Gallegos en representación de Báez.
Los documentos también detallaban los montos que se percibían por la explotación de los campos. En uno de los casos se consignó un pago anual de 80 millones de pesos, con una anotación que indicaba que debía realizarse “entre marzo y abril según el kilo de cordero”. Para las demás propiedades, los registros incluían ingresos superiores a los 14 millones de pesos mensuales. Junto con esa información se encontraron tres contratos de locación de instalaciones ganaderas.
Otro de los elementos relevantes fue un conjunto de diez hojas manuscritas por Báez en cuadernos de distintos tamaños. En algunas de ellas aparecía el título “El Clan”, subrayado, seguido por una lista de once nombres. Según la fiscalía, varios coincidirían con personas imputadas en la causa y con quienes figuran en los contratos de alquiler de las estancias y en los registros de cobros mensuales.
La investigación también avanzó sobre el papel de Claudia Insaurralde, pareja del empresario, a quien la acusación ubica como una figura central en la conducción operativa de la estructura junto con Cristian Ibáñez. Según el expediente, ambos habrían recibido instrucciones de Báez desde Ezeiza y coordinado la administración de los bienes fuera del establecimiento penitenciario. Dentro de la organización, sus integrantes se habrían referido a ellos con los apodos de “Tío” y “Tía”.
Los cuadernos secuestrados durante los 27 operativos dispuestos por la Justicia federal incluyen anotaciones de Insaurralde sobre reuniones, contratos, movimientos de dinero y gestiones administrativas. En una página fechada el 23 de septiembre de 2026, dejó constancia de su llegada a Río Gallegos y de encuentros con distintas personas para analizar estrategias de trabajo y resolver cuestiones administrativas. En otras anotaciones, fechadas el 24 y el 28 de agosto, registró conversaciones sobre la venta de ganado, la actualización de contratos, los rendimientos de propiedades y reuniones con contadores.
También aparecen referencias a la organización de tareas en los campos, la búsqueda de empleados, la designación de personas para realizar trámites y la administración de Austral Agro. En uno de los registros, Insaurralde anotó gestiones vinculadas con el directorio de la empresa, sus contratos, las cuentas y la documentación contable. La fiscalía interpreta que esos apuntes reflejan actividades destinadas a mantener en funcionamiento los bienes y las sociedades alcanzados por las medidas judiciales.
La acusación sostiene que Insaurralde no solo habría coordinado las operaciones fuera de la cárcel, sino que también habría recibido parte de los fondos obtenidos mediante las maniobras investigadas. El expediente registra seis remesas de dinero a su favor por un total de 5.100.000 pesos. Por ese motivo, el juzgado dispuso su detención e incomunicación cuando llegó a Buenos Aires en un vuelo proveniente de Río Gallegos, acompañada por cuatro valijas de gran tamaño.
El dictamen fiscal describe tres etapas en el presunto circuito de lavado. La primera, denominada colocación, habría consistido en tomar el control efectivo de propiedades, estancias y sociedades que ya estaban embargadas o decomisadas. Según la hipótesis de la fiscalía, la organización habría instalado administradores de confianza para explotar comercialmente los campos y cobrar alquileres sin informar los movimientos a las autoridades judiciales.
La segunda etapa, la estratificación, habría sido utilizada para dificultar el seguimiento del dinero. Los reportes bancarios identificaron 677 operaciones por 380.620.089 pesos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. De acuerdo con la investigación, los acusados habrían realizado transferencias rápidas y fraccionadas para mantener los movimientos individuales por debajo de los umbrales de detección. Entre las maniobras registradas figura una secuencia de siete transferencias consecutivas por 6.900.000 pesos, concretadas en apenas cuatro minutos y quince segundos.
A ese mecanismo se habría sumado el uso de cuentas bancarias de terceros que no contaban con capacidad económica declarada y el desvío de fondos hacia el sector de juegos de azar y apuestas. La fiscalía también atribuyó un papel central al operador bancario Jorge Manuel Ulloa, quien habría movilizado 165.161.408 pesos mediante transferencias entre cuentas propias. Ese monto representó el 63% de todos sus egresos registrados, según el dictamen.
Para los investigadores, esos movimientos circulares habrían servido para inflar los registros contables, confundir las auditorías y dificultar la identificación del origen de los fondos. A esas operaciones se agregan negociaciones paralelas que, según la acusación, habrían permitido disponer de otros 250 millones de pesos en patrimonio.
La tercera etapa, identificada como integración, habría consistido en reintroducir el dinero en la economía formal para beneficio de los integrantes de la estructura. Además de las remesas recibidas por Insaurralde, la fiscalía detectó presuntos aportes de capital a una empresa agropecuaria registrada. En ese punto, el dictamen señaló una inconsistencia documental: se habría intentado justificar el ingreso de divisas como resultado de la comercialización de lana, aunque la constancia oficial de actividad de la firma no incluía expresamente la producción lanera.
Con los documentos secuestrados en la celda de Ezeiza y los registros encontrados durante los allanamientos, la Justicia busca reconstruir cómo habría funcionado la administración de los bienes de Báez durante su detención. Para la fiscalía, las anotaciones, los contratos y los movimientos bancarios constituyen elementos centrales para sostener la hipótesis de una estructura que habría continuado generando ingresos y disponiendo de activos sujetos a control judicial.
