El INDEC se prepara para difundir este jueves la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Las proyecciones que maneja el mercado financiero prevén una cifra cercana al 1,8%, lo que confirmaría una leve desaceleración frente al 1,9% registrado en septiembre. Sin embargo, analistas del sector privado advierten que el proceso de desinflación acumula 14 meses de estancamiento, sosteniéndose en una velocidad de crucero en torno al 32% anual. Esta resistencia a la baja se evidencia aun cuando la base monetaria ajustada por inflación registró una contracción anual del 13,3% hacia octubre, lo que muestra que la dinámica de precios responde a factores más complejos que la sola contracción de los agregados monetarios y que actualmente marcha con un nivel de indexación mensual cercano al 2%.
El desafío de estabilización que atraviesa el actual programa económico que encabeza Javier Milei se enfrenta a dos condicionantes centrales. Por un lado, la traba técnica de recalibrar un esquema donde los precios muestran rigidez. Por el otro, el factor político y de incertidumbre a largo plazo: si los agentes de mercado perciben un riesgo de alternancia en 2027 hacia opciones de oposición —como un eventual liderazgo de Axel Kicillof— que pongan en duda la continuidad de las reformas, la viabilidad del plan pierde credibilidad. Este doble frente ha impedido que el riesgo país muestre señales de regresar con rapidez a los 400 puntos básicos alcanzados a mediados de año. Desde el Poder Ejecutivo y el Banco Central atribuyen parte de las dificultades al contexto internacional, argumento que encuentra sustento en el reciente dato de inflación de Estados Unidos —impulsado por la energía y los alimentos— y en las proyecciones globales sobre el mercado vacuno, donde el stock ganadero estadounidense tocó su nivel más bajo en 75 años, fijando un piso elevado para los precios de la comida a nivel mundial.
Las dificultades locales para consolidar la desinflación contrastan con el historial socioeconómico reciente del país y con experiencias de la región. Entre 2010 y 2026, a lo largo de cuatro administraciones nacionales, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de la Argentina retrocedió a un ritmo promedio cercano al 1% anual —con caídas del 0,7% bajo la gestión de Cristina Kirchner, del 2% durante la presidencia de Mauricio Macri y del 0,5% en la etapa de Alberto Fernández—. En ese mismo lapso, economías vecinas como Perú, Uruguay y Paraguay incrementaron su PBI per cápita en torno al 30%. Paralelamente, la inflación escaló desde el 24% anual al cierre del mandato de Kirchner, al 54% al concluir el de Macri, y superó el 200% al finalizar Fernández, dejando la pobreza cerca del 40%. Esta pérdida sostenida de bienestar social guarda similitudes con el período de inestabilidad vivido entre 1975 y 1990, marcos en los cuales el descontento ciudadano terminó encauzando el voto hacia propuestas disruptivas como la de Carlos Menem en su momento o la de Javier Milei en la actualidad.
A diferencia del plan implementado en los años noventa —que logró anclar las expectativas mediante la paridad cambiaria y contar con mayor margen de maniobra financiero—, el programa actual carece de esquemas extraordinarios de reestructuración de deuda internacional. Por ello, requiere validar constantemente la confianza de los inversores para asegurar el refinanciamiento en los mercados voluntarios de crédito. El contraste regional lo marca nuevamente Perú, que esta semana concretó una colocación histórica de deuda por 4.500 millones de dólares en el mercado internacional con tasas de entre el 6,06% y el 6,45% a plazos de 12 y 30 años. Los análisis sobre ese caso destacan que la clave de la estabilidad peruana no se limitó a sortear las trabas técnicas iniciales planteadas a comienzos de los noventa bajo la gestión de Alberto Fujimori, sino a la decisión de los gobiernos subsiguientes —incluso de signos políticos opuestos que en el pasado habían promovido esquemas de default— de mantener y no revertir las reglas macroeconómicas fundamentales.
Este debate sobre la vigencia de los modelos y la continuidad de las políticas públicas coincidió con la reciente visita al país del Papa León XIV. En sus intervenciones en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Pontífice ratificó el mensaje de su encíclica de 2026, Magnifica Humanidad —que actualiza el legado de León XIII en la Rerum Novarum de 1891—, manifestándose a favor del desarrollo capitalista y de enfrentar las carencias del sistema sin recurrir a cualquier costo. Durante su discurso, definió a los empresarios como creadores de empleo que arriesgan su propio patrimonio y subrayó que, dentro del pensamiento social de la Iglesia, el Estado no debe asumirlo todo, sino conservar su rol regulador en función del bien común y atender las funciones que las organizaciones intermedias no pueden cubrir. Asimismo, la consigna de que la economía debe estar al servicio de las personas fue retomada tanto por sectores opositores para cuestionar el impacto social de las medidas vigentes, como por el oficialismo para argumentar que el problema de fondo radica en el estancamiento productivo de las últimas décadas. En sus palabras de despedida, León XIV enfatizó que ningún país edifica su patria desde cero sino que la recibe como una herencia compartida; un concepto que aplica de lleno a los procesos de estabilización económica, donde la memoria de las crisis pasadas y las instituciones vigentes terminan condicionando el éxito de cualquier programa técnico.
