Con el cierre del Mundial de fútbol y la finalización de la feria judicial de invierno, vuelven a tomar impulso las causas que involucran al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Además, se esperan definiciones en investigaciones que también tienen ramificaciones en Estados Unidos.
La dirigencia de la AFA enfrenta al menos media docena de expedientes penales en distintas etapas de investigación. Entre ellos se encuentran la causa por presunta evasión impositiva, la pesquisa por la compra de una millonaria propiedad en Pilar y los expedientes vinculados al manejo de fondos en el exterior a través de TourProdEnter LLC, una compañía vinculada al empresario Javier Faroni.
El expediente de mayor relevancia judicial es el que investiga una presunta evasión de $19.300 millones en impuestos y aportes patronales. La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que la AFA abonara esos fondos fuera de los plazos establecidos.
Por este caso, Tapia y Toviggino fueron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos agravado. La Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos y la prohibición de salida del país para ambos dirigentes, por lo que el juez Diego Amarante quedó habilitado para avanzar hacia una eventual instancia de juicio oral.
Sin embargo, todavía quedan definiciones pendientes. Una de ellas es la situación de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, quienes fueron sobreseídos por la Cámara y actualmente tienen falta de mérito.
También resta resolver el planteo presentado por la defensa de Tapia. Sus abogados recurrieron ante la Cámara Federal de Casación Penal luego de que la apelación contra su procesamiento fuera considerada fuera de plazo y sus argumentos no fueran analizados.
La defensa del presidente de la AFA sostiene que, al igual que ocurrió con otros dirigentes desvinculados de la causa, Tapia no tenía responsabilidad directa sobre el pago de impuestos, una función que correspondía al tesorero. La diferencia que analizan los investigadores es que el titular de la entidad contaba con la clave fiscal de la institución.
Dentro del mismo expediente también avanza una investigación por el presunto uso de facturas falsas para justificar gastos que, según la denuncia, nunca se habrían concretado. La Justicia ordenó realizar peritajes sobre empresas involucradas, movimientos bancarios y documentación relacionada con esas operaciones.
Otro de los frentes judiciales está relacionado con una mansión ubicada en Pilar, de unos 105 mil metros cuadrados, con helipuerto y un galpón donde fueron encontrados 54 vehículos de lujo y colección. La propiedad está valuada en más de 20 millones de dólares y figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte.
Los investigadores sospechan que el verdadero propietario podría ser Toviggino. Entre los elementos incorporados al expediente figuran un bolso y una plaqueta con su nombre encontrados en la vivienda, además de vehículos con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero y pagos de Telepase realizados mediante una tarjeta corporativa de la AFA.
La causa comenzó en diciembre pasado y desde entonces pasó por cuatro juzgados sin que todavía se haya definido qué tribunal quedará a cargo. La Cámara Federal de Casación Penal convocó una audiencia para el 12 de agosto en la que se discutirá la competencia del expediente.
En paralelo, continúan las investigaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la empresa que administró fondos de la AFA en el exterior. En distintos fueros se analizan posibles irregularidades y transferencias millonarias hacia compañías relacionadas con Toviggino.
Los expedientes tramitan actualmente en distintas jurisdicciones, entre ellas la Justicia Nacional de Instrucción, el fuero Penal Económico, los tribunales federales de Lomas de Zamora y el juzgado federal de Campana. Fuentes judiciales sostienen que una eventual unificación de las causas podría permitir un avance más ordenado de las investigaciones.
Con el regreso de la actividad en los tribunales, los próximos meses serán clave para determinar si los expedientes avanzan hacia nuevas definiciones procesales o continúan fragmentados entre distintos fueros.
