La reacción fue favorable: el riesgo país descendió más de un 3% hasta alcanzar un mínimo en ocho años (cercano a los 400 puntos), el S&P Merval en dólares repuntó casi un 5% hasta los 2.100 puntos y el dólar oficial detuvo su tendencia alcista, que había alcanzado un incremento del 5,3% en junio.
Sin embargo, la interpretación posterior del mercado también reveló ciertos matices. En el ámbito financiero, se observa que varios de los supuestos en los que se basa el programa -especialmente con miras a 2027- aún deben ser validados, tanto en términos de financiamiento como en la acumulación de reservas y la generación de divisas. En otras palabras, el plan logró despejar gran parte de las incertidumbres a corto plazo, pero su implementación deberá enfrentar diversas pruebas, muchas de las cuales escapan al programa: desde la dinámica política -tanto del oficialismo como de una oposición desdibujada- hasta el comportamiento de la economía local y la compleja situación internacional.
El interrogante principal continúa siendo, como suele suceder en Argentina, el frente cambiario. Aunque el Tesoro tiene prácticamente cubiertas sus necesidades financieras para 2026 y busca cerrar el año con un colchón de 3.700 millones de dólares, la ejecución del programa para 2027 -que contempla vencimientos por aproximadamente 24.900 millones de dólares- requiere que el Banco Central persista en la acumulación de divisas para satisfacer al Tesoro, cumplir sus propios compromisos y lograr las metas de reservas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.
Según proyecciones de Invecq, la autoridad monetaria debería adquirir alrededor de 11.000 millones de dólares en el próximo año: cerca de 4.900 millones para vender al Tesoro, aproximadamente 1.600 millones para afrontar los pagos del Bopreal -si bien esta cifra es superior, una gran parte se destina a impuestos- y otros 4.500 millones para cumplir con los objetivos de reservas acordados con el Fondo a mediados de 2027. En un contexto electoral y con la reciente experiencia de 2025 aún vigente, el desafío se presenta especialmente exigente. Cabe recordar que antes de las últimas elecciones legislativas, la dolarización de carteras alcanzó los 35.000 millones de dólares, un récord sin precedentes que representó más de la mitad del M2 (dinero en efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro), según el Banco Central.
Otro aspecto que genera debate entre los analistas es la expectativa de captar 5.000 millones de dólares adicionales en el mercado local durante 2027. Este objetivo parece alcanzable, respaldado por la positiva recepción de las emisiones de los bonos AO27 y AO28 -con el lanzamiento del AO29 previsto para esta semana-, aunque el clima electoral podría complicar dicha tarea.
Todo esto ocurre en un contexto internacional que podría volverse menos favorable que el del primer semestre. Una posible caída en los precios de los principales productos de exportación reduciría el ingreso de divisas, mientras que una economía nacional en recuperación también podría incrementar las importaciones y, con ellas, la demanda de dólares.
Aun así, el Gobierno cuenta con algunas herramientas adicionales. Mantiene disponible el swap con Estados Unidos como recurso para enfrentar potenciales episodios de volatilidad -el efecto de un posible resultado adverso para Donald Trump en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre también será relevante- y el equipo económico no descarta la posibilidad de emitir nuevamente deuda en mercados internacionales. En la actualidad, esta opción resulta costosa, con bonos que rinden en torno al 8,5% anual; no obstante, una compresión más significativa del riesgo país (quizás a 350 puntos) podría acercar al país a un reingreso en el mercado de crédito voluntario. En enero, hubo una primera oportunidad para emitir deuda, que Ecuador aprovechó. Desde entonces, el riesgo país argentino ha disminuido cerca de 80 puntos básicos, aunque el incremento de 30 puntos en la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha moderado parte de dicha mejora, según especialistas. Además, el entorno externo se ha vuelto más complicado: la Reserva Federal, bajo el mando de Kevin Warsh, está considerando la posibilidad de aumentar nuevamente las tasas, el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha escalado y el petróleo Brent ya se encuentra cerca de los 80 dólares.
Con el puente financiero bien establecido hacia 2027, el reto para el Gobierno radica en lograr que la economía real tenga la fortaleza suficiente para transitarlo. En particular, se necesita que la recuperación se solidifique durante el segundo semestre y que se traduzca en un repunte más amplio antes de que el calendario electoral influya en las expectativas de los agentes económicos. Los datos económicos más recientes indican que el fuerte retroceso de abril (-1,5% mensual) ha quedado atrás, aunque la recuperación sigue siendo desigual. La industria manufacturera creció un 0,4% mensual en mayo y la construcción un 6,3%, según informes oficiales. Asimismo, el estimador de actividad de EcoGo proyecta un aumento del 0,8%, impulsado por el sector de bienes.
Los primeros datos de junio son, por otro lado, mixtos: la confianza del consumidor aumentó por segundo mes consecutivo (6,4%), pero los despachos de cemento se redujeron un 9,1% mensual y los patentamientos de autos cayeron un 7,3% en el mismo periodo de comparación.
El problema fundamental radica en que, a pesar de que se observa cierta recuperación, la misma es limitada y desigual. Las estimaciones privadas proyectan un crecimiento de entre 2,3% y 3,6% para 2026, en un marco caracterizado por una economía de dos velocidades que aún no logra cerrar la brecha entre los sectores que avanzan y aquellos que siguen rezagados. En el lado positivo, el sector energético ha experimentado una expansión del 27% desestacionalizado desde noviembre de 2023, con producción de petróleo y gas creciendo a tasas interanuales de dos dígitos gracias a Vaca Muerta, que representa ya aproximadamente la mitad del superávit comercial.
En contraposición, la industria manufacturera se mantiene un 4,2% por debajo de noviembre de 2023, con una capacidad ociosa cercana al 40%, según un informe de una consultora especializada. Esta misma consultora advierte sobre un “efecto sándwich”: aumento en los costos energéticos -la electricidad para grandes usuarios incrementó un 79% en dólares-, precios industriales que continúan rezagados respecto al índice de precios al consumidor (IPC), y una demanda interna que sigue sin impulsarse. Además, el empleo en el sector industrial ha perdido 46.500 puestos directos en el último año, y las proyecciones para el sector anticipan una caída de 105.000 empleos, tanto directos como indirectos, para todo 2026.
La noticia macroeconómica más positiva del segundo trimestre ha sido el retorno al proceso de desinflación, el cual continuará en junio: el IPC porteño registró un 1,8%, marcando su tercera desaceleración consecutiva, y, replicado con ponderadores nacionales, el dato del INDEC -que se dará a conocer el martes- se situaría en torno al 1,8%-1,9%.
Sin embargo, julio comenzó con un aumento del 2,4% en los precios de los alimentos en la semana, según un relevamiento, aunque el promedio del último mes se desaceleró a 0,8%. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central volvió a ajustar a la baja su proyección del IPC (2% para junio), y el grupo Top 10 de consultoras anticipa un 30% de inflación para todo 2026. Los salarios formales, en cambio, han mostrado signos de recuperación tras siete meses de caídas consecutivas.
Según un informe, el ingreso disponible de los hogares creció un 1% real en abril y habría mejorado nuevamente en mayo, aunque aún se encuentra un 2,7% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Esta mejora, no obstante, se produce en un consumidor más cauteloso: los gastos fijos ya consumen el 23% del ingreso promedio de las familias y alcanzan el 32% entre los grupos de menores recursos. No es casual que un funcionario destacado haya reconocido que parte de la población aún no percibe del todo los beneficios del programa y adelantó que se están trabajando en nuevas herramientas para ampliar el crédito, especialmente en el rubro de la construcción.
Sin embargo, hasta junio, el financiamiento al sector privado permaneció estancado en medio de niveles de morosidad sin precedentes. En el caso de los préstamos no bancarios, la tasa de irregularidad alcanzó el 28,7% -casi cuatro veces la de los préstamos bancarios- y la morosidad familiar en el sistema financiero llegó al 12,7% en mayo. Lo más preocupante es el dato generacional: entre los menores de 20 años, la morosidad saltó del 5,6% al 24,3% en solo un año.
En resumen, el Gobierno ha establecido un puente financiero hacia 2027, aunque con ciertos riesgos. Sin embargo, el verdadero desafío no parece ser, como en anteriores años electorales, evitar una nueva crisis, sino transformar la estabilidad macroeconómica en una recuperación más amplia y sostenida. Los próximos meses determinarán si el repunte es capaz de derribar la lógica de una economía de dos velocidades o si el crecimiento continúa avanzando de forma desigual, con sectores que consolidan su recuperación y otros que permanecen rezagados.
