La presentación fue realizada por el gobernador Ricardo Quintela en representación del Estado provincial y busca determinar si en la administración de esos fondos pudieron haberse cometido delitos como malversación de fondos públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La eventual existencia de responsabilidades penales deberá ser determinada por la Justicia.
La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios nacionales vinculados con la administración de los recursos. También incluye a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y a personal del Banco de la Nación Argentina que pudiera haber participado de las operaciones cuestionadas.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos y letras del Tesoro Nacional. Para la provincia, el volumen de los fondos y el tiempo durante el cual permanecieron colocados podrían indicar que fueron utilizados para una finalidad diferente de aquella establecida por el régimen que creó el sistema.
La presentación sostiene que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Milei se asignaron aproximadamente $1,5 billones al SISVIAL. De ese total, alrededor de $394.406 millones fueron destinados efectivamente a obras y mantenimiento vial, lo que representa una subejecución cercana al 73,8%.
El planteo de La Rioja sostiene que la cuestión no se limita al manejo de los recursos a nivel nacional, sino que tuvo consecuencias concretas para la provincia. Según la presentación, ante la falta de ejecución de trabajos correspondientes al Estado nacional, el Gobierno riojano debió utilizar fondos propios para sostener tareas de mantenimiento de rutas nacionales.
Uno de los casos señalados es el de la Ruta Nacional 76, un corredor estratégico para el oeste provincial y para la conexión internacional a través del Paso de Pircas Negras. Según se detalla en la presentación, la Dirección Nacional de Vialidad no renovó el convenio que permitía a Vialidad Provincial realizar tareas de mantenimiento en determinados tramos. Pese a ello, la provincia continuó financiando los trabajos necesarios para garantizar la transitabilidad, con un desembolso aproximado de $900 millones durante la actual gestión nacional.
La provincia también plantea la interrupción de la pavimentación de la Ruta Nacional 76 en el sector de la Quebrada de Santo Domingo. La obra es considerada relevante para las localidades del oeste riojano y para consolidar la conexión con el Paso de Pircas Negras, con vistas al desarrollo de un corredor bioceánico hacia Chile.
La presentación judicial incluye además el deterioro de las rutas nacionales 78, 79 y 141. Allí se describen baches, deformaciones y falta de mantenimiento que afectan las condiciones de circulación y la seguridad vial.
Para el Gobierno riojano, existe una relación entre el bajo nivel de ejecución de los recursos destinados a infraestructura vial y el deterioro de las rutas nacionales, una situación que, según plantea, no se limita a La Rioja y también se registra en otras provincias.
Uno de los principales argumentos de la provincia está relacionado con el carácter específico de los fondos del SISVIAL. La Rioja sostiene que esos recursos no constituyen fondos de libre disponibilidad, ya que tanto su origen como su destino están determinados por un marco legal que establece su utilización para financiar infraestructura vial.
En ese sentido, cuestiona que los recursos hayan sido colocados reiteradamente en plazos fijos y letras del Tesoro en lugar de ser destinados a obras y tareas de conservación de la red vial nacional. La presentación busca determinar si esas operaciones respondieron a una administración temporal de excedentes o si se convirtieron en una modalidad permanente de utilización de fondos con una asignación específica.
Además de solicitar su incorporación como querellante, el Gobierno de La Rioja pidió medidas urgentes para preservar documentación que podría resultar relevante para la investigación.
Entre los elementos requeridos figuran instrucciones, expedientes, correos electrónicos, registros contables y documentación vinculada con la administración y colocación de los fondos del SISVIAL desde enero de 2024. También se solicitó información al Ministerio de Economía, al Banco de la Nación Argentina y a la Dirección Nacional de Vialidad con el objetivo de reconstruir el proceso de toma de decisiones, identificar a los funcionarios que participaron y determinar si existieron responsabilidades.
Con la presentación, el Gobierno de Quintela busca que la Justicia determine si hubo irregularidades en el manejo de fondos con destino específico y establezca las posibles consecuencias de la falta de ejecución sobre las obras y el mantenimiento de las rutas nacionales en territorio riojano.
