De acuerdo con la agenda programada, el Presidente participará el jueves a las 12 en el Latin Economic Forum en Parque Norte; y el viernes a las 10 tendrá una reunión con el empresario británico Maurice Ostro en Casa Rosada, seguida a las 12 por un encuentro con Gastón Domingues Caetano, presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME).
Este encuentro se produce en un contexto delicado para la Casa Rosada. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ha recibido un dictamen mayoritario en la Cámara de Diputados, pero el Gobierno se resiste a establecer una fecha para su discusión en el recinto. Desde el Ejecutivo se reconoce que el expediente está estancado debido a la tensión existente entre los laboratorios internacionales que promueven la adhesión y los laboratorios nacionales que demandan cambios para mitigar su efecto sobre la competencia, los medicamentos genéricos y el mercado interno.
El PCT es un tratado bajo la administración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aunque no crea una patente internacional ni obliga a Argentina a conceder automáticamente derechos sobre invenciones foráneas, permite realizar una única solicitud internacional de patente y luego seleccionar en qué países proseguir con el trámite. Cada estado conserva la autoridad para examinar, observar, otorgar o rechazar la patente de acuerdo con su legislación nacional.
El debate alrededor del tratado no es solo de índole jurídica, sino también económica y productiva. Aquellos que apoyan la adhesión argumentan que el PCT podría “facilitar la protección internacional” de desarrollos locales, “reducir costos” para investigadores, universidades, startups y pymes, y ofrecer una señal de previsibilidad para la inversión en investigación clínica, biotecnología y economía del conocimiento. También subrayan que Argentina es “el único país del G20” que no forma parte de este sistema.
CAEME, que representa a laboratorios internacionales, respalda la creciente agenda de estándares de propiedad intelectual en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. En sus comunicaciones, la cámara sostiene que un marco más alineado con estándares globales puede fomentar la “innovación”, la “inversión en investigación y desarrollo” y el “acceso a innovaciones médicas”.
En contraste, los laboratorios nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, exigen que si Argentina se adhiere al PCT, lo haga con reserva del Capítulo II. Este capítulo permite solicitar un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención. Para la industria local, aunque este examen no sea formalmente vinculante, puede presionar al INPI y favorecer la extensión de patentes sobre medicamentos mediante cambios incrementales.
Las diferencias técnicas tienen un impacto significativo en la economía. Según el Convenio de París, los solicitantes disponen de 12 meses para avanzar en otros países; el PCT extiende este plazo a 30 meses, lo que permite posponer decisiones y costos. Para sus defensores, esto mejora la planificación de inventores y empresas argentinas que buscan proteger sus desarrollos en el exterior. Sus críticos, por otro lado, consideran que también facilita la entrada de más solicitudes extranjeras al sistema local, lo cual podría afectar la competencia en sectores tan sensibles como el farmacéutico.
El dictamen en Diputados ha puesto de manifiesto estas tensiones. El oficialismo logró una mayoría en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, con 57 firmas entre 91 presentes. Desde La Libertad Avanza, se defendió que el tratado no otorga patentes internacionales ni limita la soberanía argentina. En representación del Ejecutivo, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo presentó como parte de una estrategia de integración comercial y alineamiento con las normas internacionales de propiedad intelectual.
La oposición y algunos aliados han expresado su preocupación. La Coalición Cívica criticó el peso del cabildeo farmacéutico en la discusión, mientras que Unión por la Patria argumentó que el tratamiento responde a compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial. Paralelamente, los laboratorios nacionales han promovido la reserva del Capítulo II, lo que requeriría que el texto regrese al Senado si Diputados lo aprueba con modificaciones.
Este tratado se sitúa entre los temas más delicados del acuerdo comercial con Washington. El capítulo de propiedad intelectual es monitoreado de cerca por Estados Unidos a través del informe Special 301, que evalúa la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en sus socios comerciales. Desde el Gobierno se destaca que la clasificación de Argentina ha mejorado en este seguimiento tras la derogación de criterios restrictivos en relación con la patentabilidad farmacéutica, aunque admiten que Washington continuará observando el tratamiento del PCT.
Por esta razón, la reunión de Milei con CAEME no se entiende como una actividad sectorial aislada. Ocurre en un momento en que el Gobierno busca mantener señales de alineamiento con Estados Unidos, avanzar en compromisos comerciales y manejar una disputa interna con un fuerte impacto en áreas como medicamentos, innovación, genéricos, competencia e industria nacional. En Balcarce 50, el proyecto sigue formando parte de la agenda, aunque aún no se ha determinado cuándo se llevará a cabo la votación.
La demora también se debe al calendario legislativo. El oficialismo planea reactivar el Senado la próxima semana con los pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts, mientras que en Diputados aún deben organizar la agenda de proyectos enviados en los últimos días. En este contexto, el tratado de patentes ha sido dictaminado, pero sin una fecha definida para su tratamiento en el recinto.
